Las Tormentas de Fuego y el vuelo de Ícaro territorial: ¿Acciones reactivas o preventivas?

Las Tormentas de Fuego y el vuelo de Ícaro territorial

Han pasado tres semanas desde que la Oficina Nacional de Emergencia [ONEMI] ha estado activamente informando alertas amarillas y rojas en diferentes localidades del país por diferentes riesgos, el más común actualmente, los incendios en las zonas rurales como en el radio urbano.

Por tanto, es inevitable recordar, al momento de observar en la televisión o en los comunicados de prensa, las intensas lenguas de fuego, los cientos de miles de hectáreas consumidas por las llamas, un cielo gris con tonalidades anaranjadas y cientos de personas siendo evacuadas en los meses de enero y febrero del año 2017, donde una localidad [Santa Olga] quedó completamente en cenizas.

A fecha de hoy, esas imágenes se vuelven a repetir trágicamente, con un voluntario civil fallecido combatiendo las llamas en Colliguay y, a las 21:44 hrs del día de ayer 22 de diciembre, la ONEMI emitió una nueva alerta de evacuación en la comuna de Viña del Mar, consumiendo aproximadamente 110 hectáreas y afectando cerca de 500 casas, con otra persona fallecida[1] (Palacios, Cerda, y Sepúlveda, 2022), en la región de Valparaíso.

Activamente la ONEMI ha estado monitoreando comunas como Quilpué, Quillota, Pencahue, Curicó, Romeral, Lolol, Catemu, Cauquenes, Viña del Mar, Santo Domingo, Villa Alemana, Melipilla, Lampa, Tiltil, Curacaví y San Pedro de la Paz, entre otras (ONEMI, 2022), donde las alertas han sido declaradas por incendios estructurales y forestales, cuyo daño al medio ambiente es extremadamente alto y esto recién inicia.

Santa Olga, la localidad más afectada del Megaincendio del 2017, según el catastro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, tuvo un daño irreparable de 859 viviendas, afectando a 900 familias entre Santa Olga/ Los Aromos/ Alto de Morán (Galilea Ocón, S. 2019) y el daño en servicios básicos, de infraestructura y el suelo agrícola, para ganadería y otro tipo de actividad, fue de un impacto muy negativo, que sin la ayuda del sector empresarial y cooperación internacional, el desafío de reconstrucción y rehabilitación hubiera implicado desafíos mayores.

Entonces, ¿por qué estos escenarios vuelven a ocurrir y cada vez más agresivos? El Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), mediante sus diversas publicaciones con modelación científica rigurosa, han demostrado que en gran parte estos fenómenos ocurren por la variable antropogénica o, en otras palabras, la incidencia e intervención de las personas, ya sea por actuar con dolo para provocar daño o por incidentes involuntarios que terminan en grandes incendios. A nivel nacional, se estima que en Chile, el 99,7% de los incendios forestales es producto de la acción humana (CONAF, s.f.). Adicionalmente, hay más variables que juegan un rol clave para que esto se maximice, tales como la escasez de agua en zonas áridas, la erosión y desertificación del suelo y las altas temperaturas que ayudan a que los incendios cubran mayores hectáreas y generen riesgos para las personas y los ecosistemas que se encuentran comprometidas.

El denominado factor «30-30-30», consiste en que las temperaturas iguales o mayores a 30 °C ;  una humedad relativa en el aire inferior al 30% y; vientos que superen los 30 km/h generan las condiciones óptimas para que un incendio pueda propagarse de forma más rápida, logrando generar megaincendios o las denominadas «Tormentas de fuego», cuyo impacto in situ superan los 300 focos diarios y al medio ambiente emiten aproximadamente 80 millones de toneladas de CO2, equivalentes a 3,5 veces el total de emisiones del parque automotriz chileno (CONAF, 2017).

Este tipo de fenómenos socio naturales traen consigo riesgos en la inestabilidad del suministro de alimentos, salud humana, salud de los ecosistemas, daño en la infraestructura pública-privada y el valor y calidad de la tierra, donde el factor cambio climático aporta sustancialmente a que aumente la temporada de incendios, un incremento de personas expuestas y un aumento en la superficie quemada en las diferentes localidades, con niveles de confianza medio, según las mediciones de agencias especializadas (IPCC, 2020). Es más, las distintas trayectorias socioeconómicas de una población influyen en los niveles de riesgo demostrando la capacidad u opciones que se tienen para enfrentar este tipo de fenómenos. Aquellos sectores sociales con mayor solvencia económica, reducción de desigualdades, regulación eficaz del suelo y alta capacidad de adaptación poseen mejores capacidades para enfrentar desertificación, degradación de la tierra e inseguridad alimentaria, que sectores sociales con tendencias opuestas (ídem). 

Por tanto, este es el minuto de reflexión para advertir que las políticas y procesos actuales de reducción del riesgo ante desastres son en gran parte acciones reactivas, con un monitoreo meramente descriptivo y escasamente estratégico y prospectivo para enfrentar este tipo de fenómenos, con presupuestos y equipamientos limitados e instrumentos estandarizados para todos los territorios y, con escaso reconocimiento de prácticas locales que permitirían reducir o mitigar el riesgo.

Sin embargo, no todo es negativo. La Política Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, Plan Estratégico Nacional 2020-2030, elaborada en referencia al Marco de Sendai 2015-2030, establece 5 ejes fundamentales para cumplir cabalmente con la reducción del riesgo, siendo: i) comprender el Riesgo de Desastres; ii) Fortalecer la Gobernanza del Riesgo de Desastres en todos sus niveles y sectores; iii) Planificar e invertir en la RRD para la Resiliencia; iv) Proporcionar una respuesta eficiente y eficaz y; v) Fomentar la recuperación sostenible (PNRRD, 2020). Sin duda, son ejes ambiciosos, pero totalmente necesarios de cumplir para enfrentar adecuadamente este tipo de escenarios multirriesgo que caracterizan a nuestro país.

Por otra parte, la creación del Sistema y Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres que sustituye a la ONEMI, comprende un sistema más armónico, holístico e integral para la reducción del riesgo. Es importante destacar que, en los instrumentos de gestión, el sistema de información será imprescindible para abordar todo el ciclo del riesgo, obteniéndose de todas las entidades a nivel escalar o multinivel, adaptando estos requerimientos a cada nivel geográfico (ONEMI, 2021). Con lo anterior, la Alerta Temprana, tendrá mayor información y actualización de sus sistemas de monitoreo de diferentes entidades, para llevar a cabo el procesamiento de información y sus alertas para canalizarlo a la población por sus diferentes medios de difusión.

Muchos de los desafíos inician por comprender cabalmente la gestión de riesgos en los instrumentos de planificación y sus alcances, para establecer límites y clasificaciones de área urbana, suburbana y rural, y de establecer per se áreas de riesgo, mapas, estudios y planes reguladores más actualizados que eviten la ocupación del territorio para asentamientos humanos irregulares con una alta exposición al riesgo. Es por esto que la prevención y políticas de manejo y de ordenamiento territorial son estructurales para evitar este tipo de daños o pérdidas socioeconómicas.

Otro desafío es reconocer que la memoria histórica local de los propios habitantes puede ayudar a mejorar estrategias u ofrecer lineamientos más cercanos a la realidad para la prevención o reducción de riesgos futuros, evitando la estandarización técnica centralista y otorgando mayores espacios de participación y democratización de estos asuntos.

En cuanto a reforestación, el gran desafío es reforestar con especies arbóreas nativas y no con especies exóticas e invasivas que no benefician a la calidad del suelo, que tienden a aportar reiterados incendios posteriores.

Una arista que no se suele tratar es el proceso emocional y psicosocial de las personas afectadas por este tipo de eventos. Por tanto, un desafío no menor es el fortalecimiento de planes o programas psicosociales en las comunidades afectadas para dimensionar el impacto del daño en la población en su salud mental, con enfoque en la comunidad (González, M.E. et al. 2020).

Por último, pero no menos importante, la gobernanza territorial y climática supone un desafío de coordinación Interagencial y de colaboración público-privada preventiva. En los países más avanzados en estas materias, por ejemplo, Australia, Alemania y destacadamente, Japón, al momento de activar los diferentes protocolos para enfrentar riesgos o amenazas suponen un principio de coordinación y eficiencia sumamente alta entre agencias públicas, puesto que, al operar de forma contraria el impacto y daño cubre magnitudes sumamente negativas. Y, por otra parte, los actores privados o agencias empresariales han demostrado que su colaboración es más que necesaria, no tan solo en el apoyo de capital, sino también, en ofrecer ayuda en equipamiento, servicios, personal e infraestructura. Así, más allá de la movilización de recursos, son un actor clave para considerarlos en la co-definición de políticas y planes para la gestión integral del riesgo ante desastres.

Al alero de este punto, es importante destacar que la capacitación y el conocimiento técnico en los diferentes niveles de gobierno, específicamente las municipalidades, debieran incrementarse los esfuerzos de contar con mayor equipo humano (bien preparado) y maquinarias idóneas para mitigar este tipo de riesgos, constatando además que las diferentes municipalidades cuenten con Unidades u Oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres, ya sea particularmente de una circunscripción local o, mancomunadas que identifiquen riesgos compartidos, idóneamente en áreas rurales, periféricas y rezagadas. Hemos visto que muchas veces, por falta de personal y equipamiento el daño es cuantioso y el riesgo a que civiles se vean afectados por estos, es latente.

Esperemos que las diferentes localidades del territorio no hagan un «vuelo voluntario de Ícaro», ya que al estar muy cerca del sol, a éste se le derritió la cera que sostenía sus alas y cayó al mar. El considerar que está todo controlado, debe llamarnos a la «precaución cultural» de que este tipo de escenarios, si bien, siempre han ocurrido, sus dinámicas y comportamientos pueden resultar completamente nuevos según la geografía, el clima, la planificación urbana entre otros factores que ayuden a que la amenaza sea más agresiva que circunstancias anteriores. Si las comunas queman sus alas frecuentemente, el desarrollo de estos territorios se ven interrumpidos y quienes más sufren por el acceso a servicios básicos como la vivienda, la educación, la salud, el agua y la energía, como pilares para el bienestar de la población, son los sectores más vulnerables.

Hagamos un llamado general al cuidado y a la responsabilidad para la adaptación y la resiliencia. 

[1] Datos oficiales recientes entregados por el catastro de la Municipalidad de Viña del Mar, la ONEMI y la Subsecretaría del Interior. No obstante, dichas cifras pueden cambiar en el transcurso de la evaluación del daño.

Leandro Espíndola Vergara, Mg.
Profesor Asistente y Encargado de Difusión y Gestión del programa Académico Magíster en Gestión y Desarrollo Regional y Local [MAGDEL].
Coordinador e Investigador en Centro de Análisis de Políticas Públicas [CAPP].
Facultad de Gobierno, Universidad de Chile.

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