El director del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) y académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Dr. Claudio González, realizó la conferencia “Evolución del crimen organizado en Chile. Un análisis desde la Criminología” en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador.
La instancia internacional, organizada por la Maestría en Criminología y Políticas de Prevención de la UCA, en colaboración con la Embajada de Chile en El Salvador y asistencia del Cónsul chileno en El Salvador Alejandro Soto, abordó los desafíos que enfrenta Chile y América Latina frente a la criminalidad organizada, así como las políticas públicas necesarias para su prevención desde la óptica criminológica.
En el marco de su análisis, el académico manifestó que el país ha debido “adaptar aceleradamente su institucionalidad” frente al fenómeno del crimen organizado. Así, el surgimiento de nuevos delitos complejos, explicó, ha exigido una profunda transformación estructural. La efectividad y fundamentos criminológicos de dichas medidas es un debate que aún no está resuelto.
“Lo cierto, es que, en un breve periodo de tiempo, Chile se ha visto obligado a actualizar casi toda su arquitectura institucional”, señaló González, ejemplos de lo anterior son la política contra el crimen organizado del 2022 o la reciente aprobación de una fiscalía especial para esta materia. No obstante, advirtió que esta adecuación y su valoración podría tomar hasta una década, considerando que instituciones como las policías, la fiscalía y el mismo poder ejecutivo no estaban preparadas para enfrentar este tipo de fenómenos.
En esta línea, subrayó que la expansión del crimen organizado en el país responde a un escenario multifactorial de transformaciones sociales y crisis simultáneas. Entre los elementos que incidieron en esta configuración, identificó el aprovechamiento que ciertas organizaciones criminales han hecho de los procesos migratorios ocurridos desde el 2018 en adelante. Esto, explicó, es especialmente manifiesto en delitos como la trata de personas para fines de explotación sexual, laboral y últimamente criminal.
A este proceso de insuficiencia institucional, desarrolló, se sumaron el “estallido social” de 2019, la crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19, la pérdida de legitimidad de instituciones claves, dos crisis constitucionales y una intensa cobertura mediática que contribuiría a la “securitización” del debate público, especialmente en lo relativo a la migración y la criminalidad.
Pese a la falta de preparación inicial, afirmó que el Estado chileno ha comenzado a discutir respuestas institucionales frente a este escenario emergente. En este marco, mencionó los debates sobre la creación de una policía fronteriza, así como la opción de establecer tribunales especiales para el crimen organizado, entidades que ya existen en otros países de la región.
Además, se han conformado unidades específicas en el Ministerio Público y las policías, así como nuevas estrategias para el análisis de homicidios, cuya naturaleza comienza a ser entendida no sólo como violencia interpersonal, sino también como expresión de redes criminales más complejas.
Análisis criminológico
Por otra parte, el docente advirtió sobre la dificultad conceptual que representa el crimen organizado para la criminología contemporánea. Se trata, afirmó, de un término complejo y en ocasiones cuestionado, que incluso algunos autores proponen abandonar por su carácter “elástico”.
Asimismo, enfatizó en los obstáculos para dimensionar el fenómeno en cifras, aludiendo a la “cifra oscura” de la criminalidad y a la denominada “paradoja chilena”, en la que persiste un alto temor al delito pese a que Chile no presenta los índices más elevados de criminalidad en la región.
Frente a este panorama, el académico remarcó la necesidad de abordar el crimen organizado desde una perspectiva transdisciplinaria, que integre conocimientos provenientes de diversas áreas. Así, manifestó que esta articulación de saberes resulta indispensable para comprender la complejidad del fenómeno y huir de visiones negacionistas o alarmistas.
“Se puede observar el crimen organizado desde varias perspectivas. La criminología busca las causas; para el derecho penal discuten problemas jurídicos; para la geopolítica y la ciencia política hay una dimensión ligada a la gobernanza; y la política económica ha introducido con fuerza un concepto que se llama mercados ilegales”, agregó el director del CESC.
La participación del CESC de la Universidad de Chile en espacios internacionales de diálogo y análisis fortalece su rol como centro técnico y referente en la producción de conocimiento aplicado en seguridad ciudadana, justicia y políticas públicas. En un escenario regional marcado por la expansión de economías criminales y transformaciones institucionales, el trabajo colaborativo entre universidades y organismos públicos es fundamental para desarrollar respuestas informadas y políticas públicas evaluables.
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