El Comité para la Prevención de la Tortura (CPT), en conjunto con el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile y el Instituto Libertad (IL), convocaron a una mesa de diálogo técnico dirigida a parlamentarios de la Comisión Mixta que revisa el proyecto de ley sobre Normas Generales para el Uso de la Fuerza, conocido como Ley RUF. La iniciativa buscó promover un debate plural, técnico y propositivo sobre una materia de alta sensibilidad institucional.
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El proyecto legislativo, ingresado a la Cámara de Diputadas y Diputados en abril de 2023, tiene por objetivo regular el accionar de las policías y Fuerzas Armadas en escenarios que requieran resguardo del orden público y la seguridad interior. Sin embargo, tras desacuerdos parlamentarios entre ambas cámaras, la iniciativa pasó a tercer trámite constitucional para resolver las modificaciones propuestas antes de su votación definitiva.
Durante la tramitación legislativa, diversas disposiciones del proyecto han generado discusiones técnicas entre organismos especializados, organizaciones de la sociedad civil y el ámbito académico. Entre las principales temáticas se encuentran los alcances del marco normativo propuesto, los principios rectores del uso de fuerza y la incorporación efectiva de estándares internacionales en materia de derechos humanos.
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La investigadora y Coordinadora de Investigación del CESC, María José del Solar, comentó que “avanzar normativamente en la regulación del uso de la fuerza es una necesidad imperiosa que, en ningún caso, puede obviar las discusiones en materias de derechos humanos, por lo tanto es fundamental fomentar debates transversales que analicen críticamente este tipo de proyectos”.
Por su parte, el comisionado del CPT, Daniel Soto, apeló a que la evidencia científica internacional demuestra que marcos normativos ambiguos o con múltiples excepciones facilitan abusos sistemáticos. “Este proyecto presenta riesgos institucionales cuantificables que contradicen décadas de investigación sobre prevención efectiva de tortura y uso proporcionado de fuerza", agregó.
Los nudos críticos del proyecto
Uno de los puntos de discusión fue la proporcionalidad en la defensa de infraestructura crítica, así como la ausencia de disposiciones específicas para la protección reforzada de grupos en situación de vulnerabilidad. Estas omisiones han sido objeto de observaciones por parte de organismos técnicos y organizaciones de derechos humanos.
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La convocatoria incluyó también a autoridades del Gobierno central, think tanks especializados, instituciones académicas, integrantes de la Unidad Consultiva para la Reforma a las Policías y organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y Amnistía Internacional. Esta composición multidisciplinaria busca propiciar un diálogo técnico con enfoque de derechos humanos, situado en los desafíos específicos del contexto nacional. Así, destacó la presencia de la diputada Lorena Fries, parte de la comisión que revisará el proyecto.
En esa línea, el director ejecutivo de IL, Luis Pardo, manifestó que “creemos fundamental promover una discusión técnica, para así aportar insumos que se traduzcan en que las reglas del uso de la fuerza sean una herramienta para las policías, que favorezca la eficacia policial, como así también para las Fuerzas Armadas en estados de excepción, y que su diseño se base en argumentos técnicos, libre de dogmas o motivaciones políticas”.
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La organización de esta mesa técnica de trabajo representa una oportunidad clave para incidir en el debate legislativo de una normativa altamente sensible, contribuyendo, desde una perspectiva técnica y plural a la construcción de un marco regulatorio sólido, legítimo y alineado con los principios del Estado de derecho y los estándares internacionales en materia de uso de la fuerza.
