Un equipo de la Unidad de Proyectos Externos de la Facultad de Gobierno presentó, el lunes 23 de junio en el edificio corporativo de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), el informe final del “Estudio sobre costos de tramitación asociados a hallazgos arqueológicos o paleontológicos”, encargado por esta asociación gremial a la Facultad.
La presentación estuvo a cargo de Mauricio Rojas, Licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Chile y Doctor en Antropología, especialista en políticas públicas y patrimonio; Alejandra Barraza, Ingeniera Comercial y consultora asociada de la Unidad de Proyectos; y Óscar Acuña, abogado de la Universidad de Chile y exdirector del Consejo de Monumentos Nacionales. La instancia contó también con la participación del director de la Unidad de Proyectos Externos, profesor Marcelo Ramírez.
El estudio fue expuesto ante representantes y socios de la CChC, y consistió en una síntesis del análisis realizado sobre los costos de tramitación asociados a hallazgos arqueológicos inesperados que surgen durante la ejecución de proyectos inmobiliarios, específicamente en los trámites necesarios para obtener permisos que permitan continuar con las obras.
El análisis se basó en un estudio de casos que consideró 15 proyectos inmobiliarios distintos afectados por este tipo de hallazgos. Para cada caso, se identificaron y evaluaron los costos involucrados y los efectos generados. A partir de ello, se extrajeron conclusiones y se formularon propuestas de mejora orientadas a enfrentar esta problemática.
Entre los principales impactos identificados, se destacaron los sobrecostos respecto de la proyección original, el aumento de plazos y otros efectos negativos derivados de los retrasos en la tramitación de los permisos correspondientes.
Según el profesor Marcelo Ramírez, director de la Unidad, este estudio permitió a la Facultad de Gobierno abordar una temática vinculada a un problema relevante de política pública. Esto, debido a que se relaciona con las exigencias que el Estado impone a los proyectos inmobiliarios para resguardar un bien común como el patrimonio arqueológico del país. Sin embargo, en el análisis comparado, se observa que los costos asociados al cumplimiento de esta normativa —tanto directos como derivados de la paralización de obras— resultan considerablemente más altos que en países que poseen un patrimonio arqueológico aún más extenso que el de Chile.
"Se trata, por tanto, de un ámbito de política pública donde es necesario innovar y generar propuestas que concilien el interés público con el de las empresas, y que permitan también reducir el costo social que implica la paralización prolongada de obras públicas", concluyó.
