El 20 de noviembre, el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, realizó la ceremonia de certificación de dos de sus diplomas de postítulo impartidos en 2024: Criminología Aplicada y Gestión Integral de las Políticas en Seguridad a Nivel Local. La actividad se llevó a cabo en la Casa Central de la Universidad y contó con la participación tanto presencial como virtual de estudiantes, docentes y autoridades.
La ceremonia comenzó con las palabras de bienvenida de la directora de la Escuela Postgrado, Mireya Dávila, quien destacó el compromiso del CESC con la formación continua en áreas clave, no solo para el fortalecimiento de la seguridad y la justicia en el país, sino también para avanzar en el conocimiento de la criminología y la gestión de políticas públicas en este ámbito.
Uno de los momentos más relevantes del evento fue la charla magistral titulada “Beneficios intencionados y costos no intencionados de la transición a sistemas penales acusatorios: ¿Más garantismo procesal, pero menos seguridad pública?”, a cargo del académico y economista Daniel Mejía, de la Universidad de los Andes, Colombia.
“La transición hacia sistemas penales acusatorios ha permitido avances importantes en términos de eficiencia procesal y reducción de prisión preventiva, pero también ha dejado al descubierto desafíos significativos, como el aumento de la percepción de inseguridad”, comentó Claudio González, director del CESC.
Mejía presentó los resultados de su evaluación sobre el impacto del Sistema Penal Acusatorio en Colombia. Señaló que, aunque la reforma ha logrado reducir los tiempos procesales, descongestionar los tribunales y disminuir el uso excesivo de la prisión preventiva, también ha generado desafíos inesperados, como la disminución de capturas policiales, la baja en las tasas de esclarecimiento de delitos y un aumento en los índices de criminalidad.
“Es crucial abrir un debate sobre cómo podemos ajustar guías y protocolos para mitigar los efectos colaterales sin sacrificar los avances hacia sistemas más protectores de derechos. No se trata de retroceder hacia modelos inquisitivos, sino de perfeccionar nuestras herramientas para garantizar una mayor seguridad ciudadana”, enfatizó el académico, quien mencionó instrumentos como el PRiSMA para la gestión de riesgos.
Al cierre de la ceremonia, Alejandra Mohor, coordinadora del Diploma en Criminología Aplicada, reflexionó sobre el aporte de la criminología para comprender y abordar los desafíos contemporáneos en seguridad: “Esta disciplina nos invita a analizar fenómenos complejos desde múltiples perspectivas, integrando dimensiones sociales, políticas y culturales para construir respuestas más efectivas y democráticas”. Por su parte, Monserrat Díaz, coordinadora del Diploma en Gestión Integral de Políticas en Seguridad, destacó el compromiso humano detrás de estas temáticas: “Nuestros estudiantes no sólo han adquirido herramientas técnicas y éticas, sino que también han profundizado en la comprensión de las causas de la violencia, con el objetivo de promover sociedades más seguras y con derechos garantizados para todos y todas”.
Luego se procedió con la entrega de los certificados a las y los graduados, destacando especialmente el compromiso de los 70 estudiantes que cursaron los programas de manera remota desde distintas localidades de Chile y América Latina. Además, se reconoció el desempeño académico de aquellos estudiantes que obtuvieron los mejores promedios de sus generaciones.
