Por Hugo Frühling

Control de identidad: convicciones falsas y desconocimiento

Control de identidad: convicciones falsas y desconocimiento

Termino de leer un libro del profesor Sebastian Roché sobre la policía en Francia. Con base en metodología empírica, concluye que los controles de identidad son mucho más frecuentes en Francia que en Alemania. Además, en Francia afectan desproporcionadamente a minorías étnicas, lo que no ocurre con personas de origen turco en Alemania. También señala que esos controles no deseados se traducen en peor opinión respecto de la policía por parte de esas minorías y menor disposición a obedecerla. Aún más, alejan a los musulmanes respecto de la comunidad nacional. Roché concluye que esos controles constituyen un estilo de hacer actividad policial, más que una respuesta ante el delito o el desorden, que no difieren demasiado entre Francia y Alemania. Su objetivo es disuadir mostrando accionar policial en la vía pública.

Los controles policiales en la vía pública también se utilizan en otros países, suscitando la crítica de las minorías étnicas. En Nueva York, los controles registrados por la policía, que llegaron a 600.000 por año, bajaron a 10.000 anuales en años recientes, sin que ello haya significado un aumento del delito en la ciudad. Herramientas como el control de identidad nuestro existen en diversos países, pero su uso extensivo tiene efectos colaterales negativos. Los estudios concluyen que cuando se basan en indicios objetivos pueden ser útiles, mientras que los puramente discrecionales no disminuyen el delito.

Esta información da contexto a la discusión respecto de la modificación a la ley sobre controles de identidad que propondrá el Gobierno de Chile. La normativa sobre los controles de identidad ha experimentado ya tres modificaciones desde 1998 y se propone la cuarta. Me pregunto si las autoridades que nos representan tienen interés real en conocer el funcionamiento de esta herramienta, dado que basan sus apreciaciones en datos muy agregados que proporciona la policía, como el número total de controles. Desconocemos las circunstancias en las que se realizaron estos controles y sus resultados. Como sabemos, nuestra legislación consagra el control de identidad con base en indicios, y el control de identidad decidido discrecionalmente por el agente de autoridad. En este último caso, se excluye a los menores de edad, lo que intenta revertirse mediante la nueva propuesta. Sospecho que el control preventivo de menores ya existe, aunque quizá no es sistemático. Si el policía no descubre nada sospechoso, el adolescente será liberado y la probabilidad de que estampe un reclamo es muy baja. En cambio, si el registro produce resultados, se alegará que se actuó en virtud de indicios previos. Algún parlamentario podrá indicarme que es probable que el juzgado de garantías declare ilegal la detención. Pero el efecto disuasivo está logrado, el joven está identificado, su domicilio corroborado y ha sufrido una detención.

Más allá de discusiones legales teóricas, en primer lugar, sugiero que carecemos de estudios respecto de la forma de trabajar de los policías en la calle, y sospecho que ésta no ha variado demasiado en años. No sabemos si los controles siguen un plan determinado, o si simplemente se establecen cuotas por patrulla, en qué puntos o trozos de calle se realizan, si se aplican desproporcionadamente a ciertos sectores sociales o no, y cuántos de los detenidos son en definitiva condenados y por qué.

En segundo lugar, la obsesión con las atribuciones policiales para controlar en la calle que demuestran algunos políticos alienta una convicción falsa: que el delito aumenta porque los policías carecen de atribuciones. Se debería promover un estilo policial más moderno y efectivo, que es lo que necesitamos. El control de identidad es una herramienta que puede ser efectiva en ciertas circunstancias y lugares, para alcanzar determinados objetivos, como la captura de armas. Pero cuando se preconiza como la principal herramienta de la prevención, se alienta una visión anticuada y falsa.

Columna publicada en El Mercurio el 19 de marzo de 2019.

Hugo Frühling es profesor titular y Director del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.

Las opiniones vertidas en esta columna son de responsabilidad de su(s) autor(es) y no necesariamente representan al Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.

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