El pasado lunes 12 de enero de 2026, el Auditorio de la Facultad de Gobierno en el complejo universitario VM20 se consolidó como el espacio de debate sobre descentralización en Chile. El seminario “La Política Pública de los Planes Especiales en el Estado de Chile: Zonas de Desarrollo y Zonas Extremas”, organizado en conjunto con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), convocó a académicos, autoridades, funcionarios públicos y estudiantes para evaluar tres décadas de esfuerzos por integrar los territorios más postergados del país.
Del "banco de proyectos" al protagonismo regional
La apertura de la jornada estuvo a cargo del decano de la Facultad de Gobierno, Leonardo Letelier Saavedra, quien planteó una reflexión profunda sobre la evolución del desarrollo. Para Letelier, el éxito de estas políticas no solo reside en la inversión, sino en el robustecimiento de las instituciones que incentivan proyectos colectivos. Destacó, además, un cambio de paradigma crucial: los Gobiernos Regionales han dejado de ser meros administradores de "bancos de proyectos" para convertirse en actores estratégicos con planes de foco específico.
En sintonía, Martina Valenzuela Levi, Jefa de la División de Desarrollo Regional de la SUBDERE, definió estos planes como una herramienta crítica de equidad. “El Estado debe estar presente donde existe necesidad y dignidad humana”, señaló Valenzuela, enfatizando que la política de zonas de desarrollo busca operar allí donde históricamente ni el mercado ni las instituciones tradicionales han logrado llegar con éxito.
Gobernanza y la "dimensión humana" del Excel
El primer panel del día desglosó los hallazgos de las evaluaciones realizadas entre 2024 y 2025 a seis planes en las regiones de Tarapacá, Valparaíso, O’Higgins, Araucanía y Aysén.
Este fue inaugurado por las académicas de la Facultad de Gobierno, Francisca Bogolasky y Cecilia Osorio, quienes presentaron los resultados de una investigación aplicada que evaluó el desempeño de seis planes regionales durante los años 2024 y 2025. Su intervención fue el puntapié inicial que introdujo la discusión técnica, dividiéndose en la exposición de una metodología estandarizada y el análisis de hallazgos específicos por territorio.
La profesora Bogolasky detalló un enfoque mixto que combinó datos cuantitativos de ejecución presupuestaria con análisis cualitativos basados en entrevistas a actores clave. Explicó que la investigación se estructuró en tres dimensiones: Resultado (reducción de brechas), Producto (bienes entregados) y Proceso (gobernanza y transparencia), permitiendo una evaluación sólida pese a las particularidades de zonas tan diversas como el Tamarugal o la Provincia de los Glaciares.
Por su parte, la profesora Osorio expuso las conclusiones críticas derivadas del estudio. Destacó contrastes importantes: mientras en Tamarugal Norte se detectaron dificultades de integración sectorial, en Valparaíso se logró movilizar inversión rural superando la inercia tradicional. Un punto alto de su intervención fue el análisis de Costa Araucanía, donde la pobreza disminuyó significativamente entre 2017 y 2022. Osorio subrayó el impacto humano de la política, citando testimonios de beneficiarios que declararon: "A mí el plan me cambió la vida". Ambas académicas cerraron enfatizando la necesidad de flexibilizar los criterios de rentabilidad social y asegurar presupuestos para el mantenimiento de las obras.
Tras este marco técnico, los demás panelistas profundizaron en los desafíos de implementación y coincidieron en que la efectividad de un plan trasciende los indicadores financieros.
Cristian Leyton, académico de la U. de O’Higgins hizo hincapié en la urgencia de fortalecer de forma estructural las capacidades de diseño técnico en los equipos locales.
Por su parte, Gonzalo Vial director ejecutivo de la Fundación de Huella Local defendió la gobernanza como la "fórmula" para apalancar inversión privada en favor del bien común.
José Viacava, académico de la Facultad de Gobierno, quien lideró la iniciativa de evaluación, recordó que estos planes son "mucho más que un monto de inversión en Excel", rescatando su capacidad para transformar realidades humanas concretas realizando un llamado a mirar la escalabilidad de estas iniciativas para que los territorios intervenidos por este tipo de planes no queden a la deriva una vez finalizadas este tipo de iniciativas.
Presupuesto y flexibilidad: Las nuevas reglas del juego
El segundo bloque abordó la compleja maquinaria administrativa y presupuestaria detrás de la política regional. La discusión giró en torno a la necesidad de una visión holística que supere la fragmentación sectorial.
Luis Riquelme, Jefe de Descentralización de DIPRES, destacó la ventaja competitiva de contar con presupuestos plurianuales, instando a las regiones a optimizar sus carteras de proyectos. Por su parte, Rodrigo Henríquez, desde la Subsecretaría de Evaluación Social, valoró las metodologías ad-hoc que permiten dar luz verde a proyectos que, bajo criterios de rentabilidad social tradicionales, no serían viables, otorgándoles así legitimidad ante la ciudadanía.
Hacia un futuro de colaboración multinivel
El seminario concluyó con el panel "Desafíos y Perspectivas Futuras para la Política de Planes Especiales", moderado por Cecilia Osorio. Los expertos analizaron la necesidad de superar la suma de proyectos aislados para lograr una planificación con real coherencia territorial.
Martina Valenzuela Levi, criticó la desconexión entre la inversión y las Estrategias Regionales de Desarrollo. Advirtió que los ciclos políticos de cuatro años son insuficientes para grandes proyectos y propuso convertir a las comunidades en sujetos políticos con incidencia real a través de presupuestos participativos.
En su intervención Egon Montecinos, Rector de la Universidad Austral y coordinador del grupo en Descentralización del CRUCH, enfatizó que el éxito depende de una gobernanza multinivel que combine la legitimidad de la autoridad electa con la capacidad de incidencia de los actores sociales. Destacó a las universidades regionales como articuladoras esenciales del territorio.
Por último, Christian García, asesor de AGORECHI, señaló que Chile no puede ser tratado de forma uniforme. Instó a los Consejos Regionales (CORE) a tener un rol más activo en la fiscalización y subrayó que la cohesión social en pequeñas localidades es la base para cualquier horizonte de desarrollo.
La conclusión fue unánime: para que los Planes Especiales dejen de ser excepciones y se conviertan en motores de bienestar permanente, es imperativo profundizar la articulación entre el gobierno central, los municipios y las universidades. Estas últimas, señalaron los panelistas, deben ser el "bastión de conocimiento" que acompañe la formulación y seguimiento de estas políticas de Estado.
