Crimen organizado, sistema penal y políticas públicas de seguridad marcaron la activa participación de la Universidad de Chile en el V Congreso Internacional de la Sociedad Chilena de Criminología (SoChiCrim). La delegación de académicos, investigadores y estudiantes de la Facultad de Gobierno, pertenecientes al Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) y el Magíster en Criminología y Gestión de la Seguridad Ciudadana (MCGSC), contribuyó al análisis interdisciplinario de los principales desafíos en materia de justicia y seguridad ciudadana.
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En total, 17 de los 92 ponentes del congreso fueron parte de la Universidad de Chile, participando en 11 de las 20 mesas temáticas y en tres de los 10 paneles programados, consolidando el liderazgo de la Casa de Bello en los estudios criminológicos. Los temas abordados incluyeron el crimen organizado, el sistema penitenciario, la reinserción social, la violencia institucional, la percepción de inseguridad, la migración y el uso de tecnologías digitales en la investigación penal, entre otros.
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En un contexto nacional marcado por el fortalecimiento de las políticas de persecución penal y la creación de nuevas instancias institucionales como la Fiscalía Supraterritorial contra el Crimen Organizado, el congreso de SoChiCrim se consolida como un espacio clave para analizar los desafíos contemporáneos en materia de seguridad y justicia.
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Por parte del CESC, la coordinadora de Investigación, María José del Solar, junto al director Claudio González y a la investigadora Alejandra Mohor, abordaron el proceso de implementación de la Ley 20.931 sobre seguridad privada en Chile, con énfasis en su rol coadyuvante de la seguridad pública. Además, los investigadores asistentes Pedro Toledo, Maite Negrete, Emilia Rioseco y Nataly Beas, presentaron el panel “Seguridad y justicia: Análisis a partir de las comunas de la Región Metropolitana”, donde compartieron la experiencia del equipo en el marco del Programa Fortalecimiento de la Denuncia, iniciativa del Gobierno de Santiago orientada a aumentar la tasa de denuncias en la región.
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En este escenario, los académicos y expertos UCHILE abordaron el desarrollo de marcos teóricos y propuestas de política pública orientadas a la prevención, gestión del riesgo y reinserción social, con una mirada interdisciplinaria y basada en evidencia.
Liderazgo en políticas públicas de seguridad
Entre los aportes presentados, la académica y coordinadora del Magíster en Criminología, Olga Espinoza, analizó las respuestas institucionales frente a la violencia en cárceles de mujeres, destacando los desafíos en torno a la gestión de la seguridad con enfoque de género.
Su presentación profundizó en la necesidad de incorporar la perspectiva de género en la planificación penitenciaria, considerando factores estructurales que reproducen desigualdades y limitan los procesos de reinserción de las mujeres privadas de libertad.
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Desde el CESC, la coordinadora de Investigación, María José del Solar, junto al director y académico Claudio González y la investigadora Alejandra Mohor, expusieron sobre la implementación de la Ley 20.931 de seguridad privada en Chile, subrayando su rol coadyuvante en el fortalecimiento de la seguridad pública.
El estudio analizó el crecimiento sostenido del sector privado en la provisión de servicios de seguridad y sus implicancias para la coordinación con las instituciones del Estado, especialmente en materia de fiscalización, regulación y estándares de formación del personal.
Asimismo, el panel “Seguridad y justicia: Análisis a partir de las comunas de la Región Metropolitana”, presentado por los investigadores Pedro Toledo, Maite Negrete y Emilia Rioseco, dio cuenta del trabajo aplicado que desarrolla la Universidad de Chile en conjunto con el Gobierno de Santiago, a través del Programa Fortalecimiento de la Denuncia, que busca incentivar la participación ciudadana y la confianza en las instituciones.
Los resultados preliminares de esta línea de trabajo muestran cómo las variables socioespaciales y las percepciones locales influyen en la disposición a denunciar delitos, entregando evidencia útil para diseñar políticas públicas más cercanas y efectivas a nivel comunal.
Por su parte, la investigadora Monserrat Díaz abordó los avances de la criminología feminista y participó en el panel del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde se presentaron los resultados del proyecto elaborado por el CESC para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sobre penas sustitutivas en el sistema penitenciario chileno.
Su exposición destacó el aporte de la criminología crítica y feminista en la comprensión de las dinámicas de poder en el sistema penal y la importancia de las penas alternativas como instrumentos de reinserción y reducción del hacinamiento carcelario.
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En la misma línea, el asistente de investigación Daniel Tamayo expuso sobre corrupción aduanera, en el marco del proyecto Fondecyt N°11241238 dirigido por el profesor Claudio González, quien también presentó una ponencia sobre la creación de la Fiscalía Supraterritorial contra el crimen organizado y delitos de alta complejidad.
Estas investigaciones abordan los desafíos de la gobernanza institucional frente al crimen organizado, subrayando la necesidad de fortalecer la cooperación interagencial, los mecanismos de transparencia y la especialización de las unidades persecutoras.
La participación de la Universidad de Chile en el V Congreso Internacional de SoChiCrim reafirma su liderazgo en el estudio interdisciplinario del crimen y la seguridad, promoviendo espacios de diálogo y cooperación académica que contribuyen al desarrollo de políticas públicas más efectivas, inclusivas y técnicas.
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