El pasado viernes 3 de octubre en el Auditorio de la sede Santa Lucía 240 de la Facultad de Gobierno, se llevó a cabo el evento “Inclinaciones autoritarias: ¿Qué espacios otorgan la Constitución y las leyes?”, que reunió a destacados cientistas políticos y constitucionalistas, quienes analizaron cómo el marco constitucional chileno puede —intencional o inadvertidamente— abrir espacio a tendencias autoritarias.
El panel estuvo integrado por Claudia Heiss, académica del Departamento de Estudios Políticos de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile; Viviana Ponce de León, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado; y Gonzalo García, académico de la Universidad Alberto Hurtado y exministro del Tribunal Constitucional. La conversación fue moderada por Hugo Frühling, académico de la Facultad de Gobierno, y contó con los comentarios de Flavio Quezada, profesor de la Universidad de Tarapacá y exintegrante de la Comisión Experta del proceso constitucional 2023.
El diálogo abordó distintos frentes desde los cuales la democracia puede verse erosionada: los resquicios institucionales, el uso político del gasto social y las tensiones entre autonomía y control en los órganos del Estado.
La erosión democrática y sus “arbotantes”: la mirada de Claudia Heiss
La politóloga Claudia Heiss abrió el seminario situando el debate en una perspectiva comparada. Según explicó, los regímenes autoritarios del siglo XXI no emergen necesariamente mediante golpes de Estado, sino que “erosionan” la democracia desde dentro, utilizando las propias reglas del sistema: “La erosión se produce cuando todo el terreno circundante a las instituciones, cede frente al autoritarismo”, señaló la académica.
Heiss distinguió tres momentos en la historia constitucional chilena: el constitucionalismo autoritario de 1980, la transición con desmantelamiento parcial de sus enclaves en 2005, y el ciclo de crisis y procesos constituyentes que comenzó en 2019.
Si bien reconoció avances, advirtió sobre señales contemporáneas de “retorno a una democracia protegida” bajo discursos de seguridad y conservadurismo cultural.
“Por mucho que reforcemos por ejemplo la autonomía del poder judicial, si no tenemos un sustento que no es solamente institucional, sino también desde la sociedad, desde la cultura política, (...) vamos a ver que las instituciones democráticas ceden, como está ocurriendo hoy día en muchos países”, concluyó.
Heiss subrayó que la defensa democrática no depende únicamente de los frenos institucionales, sino también de los “arbotantes sociales”: involucramiento cívico, cultura política y confianza en las instituciones.
La “irrelevancia” institucional y la necesidad de demócratas: la visión de Gonzalo García
El exministro del Tribunal Constitucional Gonzalo García, introdujo un enfoque centrado en los climas de polarización que habilitan las derivas autoritarias. A su juicio, la erosión democrática no tiene signo político: “puede provenir de cualquier sector cuando los límites institucionales se debilitan”.
García identificó tres condiciones que, en su opinión, alimentan estos procesos:
- La fragmentación de las redes sociales, que amplifica minorías extremas.
- Las “guerrillas culturales”, donde los conflictos de identidad reemplazan al debate político.
- El populismo de continuidad, que instala un estado de campaña política permanente.
“Cuando uno trae la exageración, lo que está haciendo es habilitando espacios de tolerancia muy amplios para cuestiones muy graves”, advirtió, aludiendo al uso del miedo o la crisis como justificación de restricciones institucionales a los derechos de las personas.
El exministro alertó sobre la fragilidad de los órganos institucionales de control frente a estas dinámicas. Señaló que la Corte Suprema necesita recuperar legitimidad interna, que el Tribunal Constitucional vive “una etapa de irrelevancia jurídica y política”, y que la Contraloría General enfrenta el desafío de equilibrar su creciente uso de auditorìas con un control de legalidad orientado a la pedagogía democrática.
El gasto social como herramienta autoritaria: la advertencia de Viviana Ponce de León
Por su parte, Viviana Ponce de León abordó el gasto social como instrumento de control político. Su presentación, titulada “El gasto social como arma de erosión democrática”, argumentó que la Constitución chilena contiene más restricciones al exceso de gasto que al recorte estratégico, abriendo un espacio para la exclusión institucionalizada.
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“La Constitución abriría cierto espacio para que el presidente disminuya el gasto social prospectivamente, en el proyecto de ley de presupuestos, al margen del Congreso”, alertó la académica.
Ponce de León explicó que, en contextos autoritarios, tanto el aumento como la disminución del gasto pueden ser utilizados políticamente: uno para consolidar apoyo, la otra para castigar o marginar sectores opositores.
El riesgo chileno, sostuvo, radica en la iniciativa exclusiva presidencial sobre el presupuesto y en la regla que impone la vigencia automática del proyecto del Ejecutivo si el Congreso no lo aprueba en 60 días. Esa combinación puede convertir el presupuesto en una herramienta discrecional de exclusión de ciertas agendas: “No se trata solo de una opción fiscal, sino potencialmente de una forma de represión institucionalizada”, afirmó.
La experta llamó a debatir los mecanismos de control preventivo y a fortalecer la transparencia y la deliberación parlamentaria sobre las partidas sociales, especialmente aquellas que dependen de programas administrativos sin protección legal permanente.
Flavio Quezada: una Constitución “vacía” y flexible
El comentarista del seminario, Flavio Quezada, cerró el encuentro advirtiendo sobre el riesgo de que la Constitución chilena, tras los procesos fallidos de cambio, se transforme en una “forma vacía”, susceptible de ser reinterpretada sin necesidad de modificar su texto: “Hoy en día se leen en la Constitución cosas que no se habían leído antes”, señaló, destacando la reinterpretación judicial de principios como la sostenibilidad ambiental.
A su juicio, la rebaja de los quórums para modificar las leyes orgánicas constitucionales abre un espacio peligroso para alteraciones institucionales profundas por mayorías circunstanciales. “La organización y atribuciones de los tribunales, del servicio electoral, justicia electoral, en educación, son leyes orgánicas y las leyes orgánicas hoy en día se pueden reformar por mayoría absoluta (...)Las leyes orgánicas constitucionales eran muy difíciles de cambiar. La mayoría de ellas fueron establecidas en la dictadura. Hoy en día es muchísimo más fácil cambiar aquello. Es decir, la deriva autoritaria puede ir sin cambiar una coma a la Constitución y eso requiere un quórum menor. Lo que afecta la independencia del Tribunal Constitucional y del sistema electoral.”, enfatizó.
Quezada además llamó la atención sobre la función de la Contraloría, señalando que su actual orientación fiscalizadora —centrada en pequeñas irregularidades administrativas— podría terminar “coincidiendo” con discursos políticos de austeridad, desviando la mirada de los verdaderos focos de corrupción estructural.
Un debate urgente en tiempos de desafección democrática
El seminario dejó en evidencia que los riesgos autoritarios no provienen únicamente de la concentración de poder, sino también de la fragilidad social, institucional y presupuestaria que puede habilitar decisiones discrecionales.
Desde distintos enfoques, los panelistas coincidieron en que la defensa de la democracia requiere más que reglas formales: necesita actores comprometidos, deliberación pública y una ciudadanía vigilante.
En un momento en que Chile debate el sentido y los límites de su institucionalidad, la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, junto al ICSO y la UAH, vuelven a situar la pregunta de fondo: ¿Qué tipo de democracia queremos proteger y con qué herramientas?
Si te perdiste la discusión, vuelve a verla en el Canal de YouTube de la Facultad de Gobierno.
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