El pasado 11 de agosto se estrenó una nueva edición del podcast Voces de la Facultad, de la Dirección de Investigación de la Facultad de Gobierno. En su sexto episodio, se explora por primera vez una de las áreas fundamentales de la facultad: la criminología.
El estudio de la criminología en la Facultad de Gobierno se desarrolla a través del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana (CESC), el Magíster en Criminología y Gestión de la Seguridad Ciudadana (MCGSC) y el Diploma en Criminología Aplicada. Sobre esta disciplina y los desafíos que plantea la criminalidad para el diseño de políticas públicas, conversamos con el académico Claudio González-Guarda.
González-Guarda es Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, con mención en Derecho Penal y Política Criminal por la Universidad de Málaga, España. Actualmente, se desempeña como profesor asistente del Departamento de Estudios Políticos de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile y lidera el CESC en calidad de coordinador.
Desde este centro, la criminología se aborda con un fuerte énfasis en la investigación aplicada. ¿Qué complejidades implica este tipo de enfoque y cómo se enfrentan?
Según explica el académico, se trata de “mover la frontera del conocimiento”, incidir en los debates disciplinares e integrar a la comunidad científica en la discusión de temas contingentes. En este sentido, el CESC tiene un rol particular: generar aportes concretos a través de la investigación y la consultoría especializada.
“La criminología que se estudia en la Facultad de Gobierno es una criminología que reflexiona desde las instituciones (…) una visión mucho más optimista porque cree en que es posible realizar transformaciones en la criminalidad desde las políticas públicas”.
La investigación aplicada, agrega, tiene la ventaja de su inmediatez, hay un acceso inmediato a los datos de interés ya que son estudios que son encargados según las necesidades que se presentan en la contingencia. No obstante, asegura que no está exenta de desafíos, como, por ejemplo, aceptar que las decisiones emanadas de esa evidencia que se aporta dependerán exclusivamente de las autoridades competentes.
Existe optimismo respecto de la investigación aplicada: “por suerte cada vez se valora más por la ciencia y los rankings que el conocimiento tenga una bajada práctica”. Esto, explica el académico también se debe a que hay una prioridad de destinar recursos públicos hacia la toma de decisiones basadas en evidencia, y agrega que “la gestión pública vive de la contingencia y no tiene capacidades para producir conocimiento rápido y profundo, especialmente en el campo de la criminalidad, y específicamente post pandemia donde el Estado ha tenido que adaptarse, ahí radica la importancia de espacios como el CESC”.
Su línea de investigación en persecución penal
González-Guarda ha enfocado sus estudios el crimen organizado y la respuesta organizacional. Su tesis doctoral se tituló “Gerencialismo Y Sistema de Justicia Criminal” y desde ahí su trayectoria ha ido evolucionando. Si bien la matriz del estudio del académico proviene de fundamentos del derecho y la criminología, actualmente ha direccionado sus estudios en la reacción ante el crimen donde se ha planteado interrogantes como: cómo se castiga el crimen dentro del gran paraguas de la criminología. Por otra parte, también ha volcado sus esfuerzos en el estudio de la política criminal que estudia la decisión política ante lo que considera delito, cómo se castiga, la política carcelaria, los tipos de fiscalía que existen, y el funcionamiento de las policías.
Sobre sus intereses expresa: “La criminalidad se configura como tensiones sociales: desigualdad, poder, castigo. Me formé investigando mi tesis como se organiza el sistema de justicia, si son eficientes y efectivas las organizaciones desde la teoría organizacional”. Actualmente está indagando en el campo de estudio de la delincuencia económica y el crimen organizado grave. Dentro de estas reflexiones se destaca la importancia de ir más allá de las cifras de criminalidad y poner el foco en las capacidades estatales para hacer frente a la criminalidad en lo que es un campo de estudio pionero en Latinoamérica y algo que aborda en su proyecto fondecyt que se encuentra en ejecución.
Evaluación a 25 años de la reforma procesal penal
Sobre su opinión del modelo judicial chileno, el académico valoró la reforma procesal penal como un gran avance civilizatorio para Chile con una base garantista que transformó la aplicación de la justicia que no tenía grandes cambios desde 1906 y fue defendido por la dictadura en Chile.
“La reforma procesal chilena es propia de un Estado de derecho moderno (…) estos principios se mantienen vigentes al día de hoy y si bien los fundamentos criminales que la fundamentaron hoy ya no son los mismos, cree que se puede avanzar en la persecución de la nueva criminalidad manteniendo el enfoque de garantías y fortaleciendo al Estado”.
Reciente visita a El Salvador y aprendizajes
El académico fue enfático en señalar que un sistema judicial nunca podrá gestionar toda la criminalidad que va surgiendo, no existen las capacidades en ningún sistema de absorber esos niveles de información.
En su reciente vista a El Salvador, invitado por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y con el patrocinio de la Embajada de Chile en El Salvador realizó la conferencia “Evolución del crimen organizado en Chile. Un análisis desde la Criminología”. De esta visita destaca que antes del poder penal es una concentración fuerte de poder político. De esta manera señala que El Salvador un modelo de excepción al no tratarse de una institucionalidad democrática y que las soluciones implementadas por el régimen salvadoreño deben servir de lección, ya que la política contingente ha visto en la criminalidad un campo de lucha política y esas tensiones quitan racionalidad a la política de la criminalidad que termina en una lucha de quien castiga más fuerte, y los costos son altísimos, la respuesta es la coacción.
Respecto al escenario electoral en Chile y la dirección del discurso político hacia la mano dura: “El problema de los rumbos irracionales en la gestión de la criminalidad termina siendo aún más peligroso que la criminalidad per se”. Las cifras en Chile no dejan de ser preocupantes, pues en 3 años en Chile se observa un aumento de un 50% ocupación en las cárceles, especialmente en los penales femeninos. Para el profesor, esta realidad estaría relacionada con apropiación del cuerpo político en el discurso de la criminalidad: “Uno piensa en las instituciones judiciales como entes autónomos, pero hay un campo político detrás que está dándoles forma”.
Visiones sobre el escenario político futuro
El académico identifica que en Chile existen dos problemas cruciales en el discurso: el negacionismo y el alarmismo, por ejemplo, “La centroizquierda ha fallado en negar el delito en el debate público”. Chile al estar emplazado en Latinoamérica, agregó, está rodeado de países con problemas de crimen organizado, y es un problema inminente, no obstante, advierte que el alarmismo distorsiona la realidad y banaliza el castigo en lógicas donde “todo castigo vale para combatir la criminalidad”. El riesgo más importante, señala, ocurre cuando no hay una reacción por parte de las autoridades competentes y las instituciones no dialogan lo que guía al peor de los escenarios donde prima la irracionalidad.
Chile tiene la oportunidad de transformarse en un ejemplo de criminalidad efectiva dentro del marco del estado de derecho donde el poder ejecutivo actúe con para articular al Estado, y, por cierto, se requiere un estado modernizado, y advierte “No hay soluciones mágicas, por mas castigo no se disminuye la criminalidad. La política hace un mal negocio ofreciendo castigo. Hay que enfocarse en cómo no llegar a las injusticias en vez de imitar soluciones que no están dentro de un marco democrático”.
Claudio González es investigador responsable del fondecyt de iniciación Nº11241238 La persecución penal del crimen organizado en Chile: estudio sobre las fiscalías de alta complejidad y crimen organizado del Ministerio Público.
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