Este miércoles 28 de mayo se realizó el Seminario “La persecución penal de los delitos complejos y del crimen organizado. ¿Cómo están organizadas las instituciones?” en la Casa Central de la Universidad de Chile. La instancia, organizada por el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) de la Facultad de Gobierno, tuvo como expositor principal al presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Jurídicas (INECIP) y académico de la Universidad de Buenos Aires, Dr. Alberto Binder, reconocido abogado argentino quien participó en los principales procesos de reformas judiciales en América Latina.
Con la presencia de expositores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Fiscalía Nacional, el diálogo abordó los principales desafíos institucionales de la persecución penal en Chile, desde una mirada crítica e interdisciplinaria. En este sentido, el encuentro buscó democratizar el debate en torno a la organización de una futura Fiscalía Supraterritorial, así como de la complejidad penal como objeto de investigación.
El académico de la Facultad de Gobierno y Director del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC), Claudio González, destacó este evento como una instancia relevante para la discusión académica en un contexto de transformación de la institucionalidad.
Cabe destacar que esta jornada se enmarcó en el proyecto Fondecyt N°11241238: “La persecución penal del crimen organizado en Chile: estudio sobre las Fiscalías de Alta Complejidad y crimen organizado del Ministerio Público”, dirigido por el profesor González.
En su exposición, el académico presentó hallazgos preliminares de su investigación, que incluyen un análisis documental y entrevistas donde se expone sobre cómo la complejidad se ha normativizado en países como Perú, mientras que en Chile parece depender de instrumentos de menor rango o como respuesta/estrategia desde las Fiscalías. Además, reflexionó sobre la emergencia de este debate desde la práctica, su carácter evolutivo ligado a las narrativas sociales sobre la criminalidad, y la posible desalineación de objetivos institucionales frente a la política criminal general.
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Otra de las materias claves discutidas durante este seminario fue cómo profundizar el desarrollo de la política criminal en la región, ítem que el Dr. Alberto Binder estimó de “especial relevancia” para enfrentar a los fenómenos criminales. “Lo que tenemos que lograr es que las instituciones tengan vocación de dialogar con la academia y que la academia tenga la capacidad de desarrollar un lenguaje y una visión útil para el desarrollo de políticas públicas”, agregó el destacado académico internacional.
Durante el diálogo, el Dr. Binder manifestó de manera crítica que todos los debates y la creación de instituciones “desvían la atención” de un tema que estima central: la eficacia de la persecución penal. Así, argumentó que la eficacia debe medirse por el impacto en los fenómenos criminales, no por productos institucionales como la cantidad de condenas o incautaciones.
En este marco, la Subdirectora de la Unidad Especializada en Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional, Tania Gajardo, calificó este encuentro como “de alto nivel”, pues no solo se profundizó en el debate teórico del fenómeno, sino que también se abordó la contingencia en temáticas propias de su institución.
A visión de la expositora, se destaca del proyecto de ley y la política de persecución penal la determinación de criterios de competencia de la supraterritorial, que superan los criterios enfocados en tipos de delitos, permitiendo flexibilidad para incluir dentro del ámbito de competencias nuevos fenómenos criminales.
En paralelo, la moderadora de la instancia y Coordinadora de Investigación del CESC, Maria José del Solar, planteó la pregunta sobre si la falta de claridad en torno a cómo construir la eficacia en la persecución penal tiene que ver con que es un diálogo que se ha centrado en una idea de la misma como un elemento ajeno a una política de Estado en materia de seguridad.
Desde la vereda institucional, la expositora del panel y Jefa de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, María Ester Torres, consideró que la conversación sobre el proyecto de ley que crea la Fiscalía Supraterritorial fue “enriquecedora”, en tanto valora esta iniciativa como un “proyecto estructural que puede cambiar la vida de las personas”.
Este proyecto se encuentra en segundo trámite constitucional, a esperas de ser revisado por la Comisión de Hacienda del Senado y luego discutido en el pleno de la Cámara Alta. Su despacho implicaría una reestructuración del Ministerio Público, buscando una mejor persecusión a delitos de alta complejidad y crimen organizado que requieran una dirección supraterritorial o transnacional de investigación.
