Vivimos un año especialmente marcado por el resurgimiento de discursos conservadores en materia de seguridad: se habla de restituir la pena de muerte, de reducir la edad de imputabilidad, de aplicar medidas antimigratorias más duras y de fortalecer políticas públicas centradas en el castigo más que en la prevención. Durante los años recientes —y con mayor intensidad en contextos electorales— el debate público se ha volcado hacia respuestas punitivistas, muchas veces sin cuestionar los supuestos que las sustentan.
En este contexto, abordar los fenómenos criminológicos desde una perspectiva de género se vuelve indispensable para visibilizar las violencias estructurales, analizar críticamente las respuestas del sistema penal y abrir espacio a otras formas posibles de justicia.
En esta entrevista, la especialista reflexiona sobre el enfoque de género como herramienta para repensar la criminología, ampliar nuestra idea de justicia y poner en cuestión los sesgos que atraviesan tanto las teorías como las instituciones.
¿Por qué es importante abordar la criminología desde una perspectiva de género?
Porque permite cuestionar y complejizar cómo entendemos el delito y a quiénes afecta. La criminología, como disciplina dedicada al estudio del delito, las personas infractoras, las víctimas y el entorno social en el que se desenvuelven, no ha estado ajena al orden de género dominante. Su desarrollo estuvo marcado por un enfoque positivista que buscaba secularizar y someter el fenómeno delictivo a los valores de la ciencia. Sin embargo, esta aspiración no se extendió al estudio de las mujeres, donde persistieron concepciones mágicas (supuestas conexiones con lo demoníaco), moralizantes (hacia mujeres que corrompían los valores marianos de la época) e infundadas (muchas veces bastaba la acusación de un padre o esposo).
Un ejemplo de esto es que el sistema punitivo para las mujeres en Chile no se limitó al Código Penal, sino que también sancionó conductas consideradas inmorales. Hasta mediados del siglo XX aún existían instituciones religiosas encargadas de la custodia de estas mujeres, reforzando un control social basado en el género.
Por otro lado, si bien la criminología ofrece un corpus conceptual bastante diverso para entender el crimen, la mayoría de sus teorías han sido construidas a partir de muestras mayoritariamente masculinas. Esto implica que sus herramientas analíticas y prácticas no siempre son adecuadas para entender y atender el comportamiento de las mujeres y disidencias sexogenéricas, ya sea como víctimas, sujetas activas u otras categorías. Y si no entendemos bien esas realidades, tampoco podemos diseñar buenas políticas públicas. El resultado es que muchas veces las respuestas del sistema penal son insuficientes, o incluso inadecuadas, para una parte importante de la sociedad.
¿Qué opinas de la forma en que Chile ha avanzado en la gestión de la seguridad ciudadana y enfoque de género?
Si bien han existido avances importantes, aún persisten desafíos estructurales profundos.
La incorporación y transversalización de la perspectiva de género es un eje central de la política pública contemporánea, impactando el ámbito de la seguridad y el sistema penal. Un ejemplo de aquello es que recientemente la Subsecretaría de Prevención del Delito cuenta con una Unidad de Género y Participación Ciudadana que tiene como objetivo observar los fenómenos de victimización y violencia de manera diferenciada.
En el ámbito policial y penitenciario, se ha avanzado en la incorporación de mujeres en las dotaciones institucionales. Sin embargo, aunque las instituciones han manifestado su compromiso con la prevención y sanción de la violencia de género en su interior, persisten desafíos estructurales. Entre ellos, se encuentran las barreras culturales en las organizaciones, la falta de condiciones laborales que permitan la conciliación entre la vida familiar y profesional, la escasa representación femenina en cargos de alta dirección y la reproducción de estereotipos de género en la labor operativa y administrativa. Asimismo, persisten brechas en la implementación efectiva del enfoque de género en el servicio que estas instituciones prestan a la comunidad. A nivel operativo, las orientaciones nacionales no siempre se traducen en acciones concretas a nivel local, lo que dificulta la materialización de políticas de seguridad con enfoque de género en los territorios.
¿Qué desafíos supone incorporar el enfoque de género en criminología y en las políticas de seguridad?
Incorporar la perspectiva de género en cualquier ámbito social es siempre un proceso complejo, considerando que todo lo que nos rodea está permeado por el orden de género dominante.
En el campo de la criminología y las políticas de seguridad este desafío supone un ejercicio de develamiento de las estructuras de género que atraviesan la teoría criminológica y los supuestos con los que operan quienes producen conocimiento o toman decisiones en torno a esta área, obligándonos a estar alertas. Algunas epistemólogas feministas llaman a esto último tener una “objetividad fuerte” referente a la conciencia que debemos tener sobre la existencia de sesgos inherentes a la investigación y la formulación de políticas, con el propósito de garantizar una producción de conocimiento socialmente responsable.
En el ámbito de las políticas de seguridad, la incorporación del enfoque de género exige, además, la participación de una serie de actores y actrices que los posicionamientos más ortodoxos suelen excluir en el diagnóstico, diseño, implementación y evaluación de la política pública. En ese sentido, la perspectiva de género actúa como una herramienta democratizadora que propende a una seguridad más inclusiva y efectiva.
En el contexto actual, en el que las medidas punitivistas se están popularizando, ¿qué desafíos implica para la criminología con enfoque de género?
En el escenario actual, la creciente popularidad de las medidas punitivistas plantea importantes desafíos para la criminología con enfoque de género. En primer lugar, estas medidas resultan perjudiciales para las sociedades, ya que intentamos gestionar la violencia a través de dispositivos estatales igual o más violentos, como la expansión del encarcelamiento o el reinstalar el debate por la pena de muerte. En este escenario, el abuso del derecho penal normaliza el castigo como única respuesta al conflicto, invisibilizando otras estrategias que, como señala la evidencia, son más sostenibles y respetuosas de la dignidad humana.
En segundo lugar, preocupa que, en el contexto de las luchas feministas, la pulsión punitivista se vuelva atractiva como una exigencia del movimiento. Desde el feminismo antipunitivista se advierte que, si bien el derecho penal no puede ser descartado por completo, su enfoque es insuficiente y reproduce la violencia estructural al operar a través de instituciones estatales atravesadas por el mismo orden de género que sostiene las desigualdades y violencias de género o contra las mujeres y disidencias sexogenéricas. Como dijo Audre Lorde, feminista afroaméricana, no desmontaremos la casa del amo con las herramientas del amo.
¿Qué buenas prácticas destacarías respecto a la incorporación del enfoque de género en políticas públicas de seguridad?
Una buena práctica en este ámbito es la especialización de las policías para actuar con enfoque de género, especialmente considerando que, en muchos casos, son el primer punto de contacto con el Estado ante un hecho de victimización. Por eso, es fundamental que su actuación esté alineada con la transversalización del enfoque de género.
En este contexto, destacan iniciativas institucionales como las Comisarías de Mujeres —por ejemplo, las Comisarías Especializadas en el Cuidado de las Mujeres en Brasil y las Comisarías de la Mujer en Argentina. Estas unidades no se limitan a reaccionar frente a delitos vinculados a la violencia hacia las mujeres, sino que también desarrollan acciones de prevención, protección e investigación.
A través de protocolos específicos, estos servicios buscan evitar la victimización secundaria y facilitar la colaboración interinstitucional, algo esencial para abordar la complejidad de la violencia de género. Son ejemplos de cómo una institucionalidad policial puede avanzar hacia una atención más especializada, sensible y efectiva.
¿Cómo el enfoque de género permite repensar lo que entendemos por justicia, y qué lugar tiene esa reflexión en el Diplomado en Criminología, Género y Sistema Penal?
La perspectiva de género es una herramienta que promueve una gestión distinta del conflicto, al entender que el delito, especialmente aquellos de género o contra mujeres y disidencias sexogenéricas, está arraigado en violencias estructurales. En este contexto, la justicia tradicional resulta insuficiente y miope, ya que solo aborda el delito cometido, el cual es solo un síntoma de problemas más profundos.
Por ello, el enfoque de género exige de la implementación de medidas intersectoriales, lo que implica que no solo hablemos de justicia penal, sino también de justicia en otros ámbitos, como la educación, la economía, las condiciones habitacionales, el medio ambiente, entre otros.
Justamente, uno de los aportes del Diplomado en Criminología, Género y Sistema Penal es ofrecer un espacio colectivo para problematizar estas preguntas. A través del cruce entre teoría crítica, experiencia institucional y reflexión interdisciplinaria, buscamos ampliar la manera en que entendemos la justicia y abrir la posibilidad de transformarla.
Y creo que es una discusión con un enorme potencial para pensar qué entendemos por justicia en las sociedades contemporáneas.
