Con el objetivo de desarrollar el diseño para la implementación de los distintos aspectos de la nueva Ley N°21.659 sobre Seguridad Privada, la Universidad de Chile y la Subsecretaría de Prevención del Delito formalizaron en una ceremonia la colaboración que ambas instituciones vienen desarrollando desde julio de 2024, en un trabajo que reafirma el compromiso público de la Casa de Bello.
La firma de este convenio, suscrito por la Rectora Rosa Devés y el subsecretario Eduardo Vergara en representación de las respectivas instituciones que integran, se realizó este miércoles 30 de octubre en la Sala Amanda Labarca de la Casa Central. El hito oficializó la alianza mediante la cual la U. de Chile, a través de su experiencia y conocimiento en seguridad ciudadana, está asumiendo un rol protagónico en la implementación de la nueva estructura de supervisión en seguridad privada.
La labor se viene realizando de la mano del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) de la Facultad de Gobierno y el Centro de Sistemas Públicos (CSP) del Departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, en coordinación con la Subsecretaría, unidades que están abordando los desafíos técnicos y regulatorios que conlleva el nuevo régimen jurídico.
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"Para la Universidad de Chile, el tema de la seguridad es importante por cuanto se relaciona con la confianza en las instituciones y con nuestra propia misión. Tiene que ver con la cohesión social, con no tenerle miedo al otro y otra, y eso está en el centro del quehacer de las universidades al contribuir en la construcción del tejido social. Este convenio es fundamental, porque vamos a trabajar juntos en algo que es más que implementar una ley”, señaló la Rectora Devés.
Por su parte, el subsecretario destacó que, “trabajaremos juntos en el levantamiento y diseño de procesos clave, la creación de una plataforma de registro y atención de usuarios, el diseño de la estructura orgánica y funciones de la división de Seguridad Privada y la elaboración de una matriz de riesgo que clasificará a las entidades obligadas según su nivel de riesgo”.
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En ese sentido, agregó que, “hoy destacamos la importancia de la colaboración del Estado con las Universidades y centros de conocimiento para construir un sistema de seguridad más efectivo”.
A la ceremonia asistieron también el vicerrector de Asuntos Académicos, Claudio Pastenes; el decano de la Facultad de Gobierno, Leonardo Letelier; el director de Vinculación con el Medio de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas; el director del CESC, Claudio González; el director ejecutivo del CSP, Carlos Castro; Pablo González, director académico del CSP y la general Claudia Carrasco, jefa zona seguridad privada, control de armas y explosivos.
Un rol fundamental
El proyecto marca un hito en la colaboración para fortalecer el rol del Estado en materia de seguridad. En este marco, la Facultad de Gobierno, a través del CESC, está desarrollando el diseño de la estructura orgánica de la nueva división y elaborando una matriz de factores de riesgo en seguridad privada.
Respecto al trabajo de la Universidad con la Subsecretaría, Claudio González, profundizó que “ciertamente, desde un inicio para ambas unidades académicas esta colaboración cobró mucho interés, pues en ambos sitios existe una tradición de apoyo en el campo de las políticas públicas aplicadas al Estado”.
Además, sobre el trabajo respecto a la matriz de riesgo desarrollada por el CESC, el director explicó que “la esencia de ese componente es otorgar racionalidad mediante criterios objetivos y estandarizables para determinar los niveles requeridos de seguridad privada”.
Por su parte, el CSP colabora con la Subsecretaría de Prevención del Delito en el diseño de los procesos necesarios para dar cumplimiento a la normativa y una propuesta de diseño de una plataforma tecnológica para la atención de usuarios y el registro de datos, requisito fundamental establecido por la nueva ley. Esta plataforma es clave para la gestión de diversos procesos, como la certificación de personas habilitadas para ejecutar funciones de seguridad privada.
Desde julio, ambos centros han trabajado en conjunto bajo la dirección del profesor Claudio González, con el objetivo de presentar sus resultados finales en diciembre de 2024. Este proyecto, priorizado en la agenda de seguridad nacional, representa una colaboración crucial para el establecimiento de una nueva institucionalidad en seguridad privada en Chile, fortaleciendo la capacidad de respuesta y regulación del sector en apoyo a la seguridad pública.
La nueva Ley de Seguridad Privada
La Ley N°21.659 sobre Seguridad Privada, promulgada por el Congreso Nacional el 14 de marzo de 2024, luego casi 15 años en tramitación en el Congreso. El proyecto fue ingresado originalmente el 4 de agosto de 2009 a la Cámara de Diputados por parte de la Presidenta Michelle Bachelet.
A través de esta ley se busca estandarizar el rol de las empresas de seguridad privada, fortalecer el área para complementar el rol de las policías y permitir la especialización y profesionalización de quienes trabajan en el sector.
Además, la ley establece que las personas naturales y jurídicas que presten servicios de seguridad privada quedarán sujetas, en la ejecución material de sus actividades, a las normas e instrucciones que al efecto imparta el Ministerio encargado de la Seguridad Pública, a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito.
La ley también modernizará los requisitos para que las personas naturales y empresas de seguridad puedan ejercer actividades de seguridad privada, estableciendo algunas prohibiciones específicas.
La ley entrará en vigencia 6 meses después de la publicación en el Diario Oficial del último de sus reglamentos complementarios, los cuales regularán seguridad privada y eventos masivos.
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