Abril iba a ser un mes de campaña volcado al plebiscito de entrada para iniciar el proceso constituyente. El coronavirus puede haber postergado el plebiscito y haber dominado la agenda pública (y privada), pero la experiencia comparada evidencia que difícilmente se desvanecerá el momento constituyente. Los problemas que dieron origen a la demanda por una nueva Constitución permanecen y es probable que pasada la emergencia, éstos re-emerjan con fuerza nutridos de ejemplos prácticos de cómo la actual Constitución limita nuestras posibilidades presentes y futuras.
Detrás de cada proceso constituyente hay una situación de crisis que le da origen y que gatilla el reemplazo constitucional como su solución. El objetivo es resolver un problema en particular luego que los actores sociales y políticos han identificado a la Constitución que quieren reemplazar como culpable de esos problemas o incapaz de ser solucionados bajo su normativa. La experiencia muestra que estas situaciones no son de corta data, por el contrario, existe un largo proceso acumulativo que dura años, incluso décadas, desde que empieza a plantearse la posibilidad de un proceso constituyente hasta el momento en el que éste finalmente se produce.
El reemplazo de la Constitución colombiana demoró más de una década en concretarse desde que surgieran las primeras demandas sociales y políticas en esta dirección. En Bolivia fueron casi dos décadas de espera, donde las protestas se intensificaron, cayeron presidentes y se derrumbó el sistema de partidos. Estos y otros casos muestran que una vez que la demanda por una nueva constitución surge, es difícil detenerla. En el caso chileno, las primeras voces por una nueva constitución desde la ciudadanía, empezaron a escucharse con la "revolución pingüina" en el 2006 y transformó la oferta política por una nueva constitución desde las elecciones de 2009 en adelante.
Con esto a la vista, uno debiera preguntarse ¿Qué relación existe entre la Constitución y el estado actual de la pandemia? Hay varias respuesta para esto. Algunos dirán que esto excede al problema constitucional. Sin embargo, al terminar esta crisis sanitaria nos preguntaremos si el sistema político pudo responder adecuadamente a la crisis, si el tipo de estado subsidiario permitió proteger a todas y todos los chilenos con igual dignidad (o equidad), si la educación escolar y universitaria pudo ser continuada desde sus casas por todos por igual, si las políticas públicas para superar la crisis económica se construirán sobre la base de la solidaridad o replicarán los problemas del pasado.
Todas estas respuestas están en la Constitución. No en sus detalles, pero sí en sus directrices. Enfrentamos esta emergencia con un sistema político deslegitimado que requiere urgente un cambio en los procesos de toma de decisiones para que la gente confíe que se actúa por el bien común y no en beneficio de unos pocos. Esto es el corazón de la discusión constitucional, al igual que la forma como se protege el derecho a la salud y se fortalece la salud pública y las directrices que promuevan un sistema educacional que privilegie el derecho a la educación por sobre la libertad de enseñanza. Central va ser también, el tipo de estado que necesitamos para promover un modelo de desarrollo basados en la solidaridad y la justicia como se reflejó en las preferencias de quienes participaron en los encuentros locales autoconvocados realizados en el 2016.
Cuando volvamos a la normalidad, el momento constituyente volverá a plantearse a la luz de las limitaciones que la Constitución, y el ordenamiento jurídico que deriva de ella, causó para enfrentar esta crisis y las expectativas que nos ofrece para levantarnos de sus consecuencias.
Por María Cristina Escudero, académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.
Columna publicada en La Tercera el 9 de abril de 2020.
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