Este viernes 19 de agosto se desarrolló la sexta sesión del ciclo Diálogos para la Democracia, titulada Neoextractivismo, conflicto social y políticas públicas: Miradas latinoamericanas.
El encuentro buscó reflexionar en torno a la práctica neoextractivista, esto es, la explotación de recursos naturales por parte de gobiernos latinoamericanos de izquierda, acompañada de la reivindicación de la soberanía nacional y programas redistributivos.
En la ocasión, las exposiciones estuvieron a cargo de los académicos Anthony Bebbington, de Clarke University; Eduardo Silva, de Tulane University; y Maritza Paredes, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Moderó la sesión la académica del INAP, Lorena Oyarzún. El encuentro contó con el aporte del Fondecyt Regular Nº 1151215, del cual el profesor del INAP Antoine Maillet es coinvestigador.
El profesor Anthony Bebbington expuso acerca de cómo los conflictos territoriales vinculados al neoextractivismo pueden incidir en la generación de políticas públicas, y examinó el caso de El Salvador, donde, según sus investigaciones, el conflicto no dio lugar a reformas políticas. "Las políticas cambiarán cuando las élites lo vean conveniente, o cuando no crean que el cambio es una amenaza para sus intereses, o bien cuando cambien los acuerdos sociales. Y los conflictos ambientales tendrán más influencia en las políticas de gestión ambiental que en las políticas que condicionan el acceso a los recursos naturales", afirmó.
El académico Eduardo Silva se refirió a los distintos objetivos que tienen los movimientos sociales en materia de reformas en las políticas públicas. "Es importante distinguir entre las metas inmediatas de distintas organizaciones sociales para una fase específica del proceso de políticas públicas, y las metas más aspiracionales en pos de algún tipo de cambio mayor de orden social", explicó.
Por último, la académica Maritza Paredes presentó las características de los conflictos sociales producidos en Perú a partir de las políticas extractivas en minería, que en muchos casos se han ejecutado en territorios donde habitan comunidades campesinas e indígenas. Según señaló, si bien el problema tiene carácter global, las soluciones entregadas a menudo se dan sólo en escala local. "El Estado central tiene intereses muy fuertes de resolver el conflicto lo más pronto posible, y la globalización termina localizando el conflicto. Se desarrollan acuerdos con cada comunidad; no se hace una revisión nacional de las situaciones conflictivas. Se hacen mesas redondas o asambleas para llegar a soluciones ad hoc a cada caso", aseguró.
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