El Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) de la Facultad de Gobierno concluyó el año 2024 adjudicándose un proyecto clave para el diseño de un sistema de supervisión de la persecución penal en el Ministerio Público, encargado por la División de Estudios, Evaluación, Control y Desarrollo Gestión de la Fiscalía Nacional.
Esta iniciativa surge a partir de los posibles cambios que enfrenta la institucionalidad ante una agenda legislativa nacional orientada a fortalecer la persecución penal y mejorar la seguridad pública en el marco de la “Agenda Legislativa Priorizada en Materia de Seguridad”. En ella se han priorizado tres pilares: fortalecer las instituciones, mejorar la eficacia en la persecución penal y reforzar las capacidades de prevención del delito. Entre las iniciativas clave se encuentran el proyecto de ley Boletín Nº 16850-07, que propone la creación de una Fiscalía Supraterritorial, y el Boletín Nº 16374-07, que busca modernizar y robustecer el Ministerio Público.
Una de las medidas que supone la aprobación del proyecto de ley de fortalecimiento del Ministerio Público (Boletín Nº 16374-07), es la creación de la Unidad de Supervisión de la Persecución Penal, cuyo objetivo será monitorear la calidad y oportunidad de la persecución penal, asegurando el cumplimiento de los estándares definidos en la normativa legal y en la Política de Persecución Penal .
El proyecto liderado por el CESC tiene como propósito, justamente, diseñar un sistema de supervisión, que permita velar por el cumplimiento de estándares jurídicos y contribuya a garantizar un servicio de calidad, consistente y oportuno, promoviendo una mejora continua en la persecución penal.
El proyecto comenzará en la primera semana de enero de 2025 y se extenderá hasta agosto del mismo año. Claudio González, director del CESC y jefe del proyecto, destacó esta iniciativa: “Estamos muy contentos con esta adjudicación pues nos permite aportar en un área sustancial del fortalecimiento de las institucionales nacionales, en este caso en el Ministerio público, mejorando la calidad de persecución penal y contribuyendo a que las decisiones en esta área sean tomadas con mayor evidencia y objetividad posible, como ocurre en diversos países con mayor desarrollo que el nuestro”, comentó el académico. También recalcó el gran reto que este proyecto supone para el Centro, agregando que “asimismo este proyecto es un desafío investigativo, pues implica un análisis interdisciplinario que combina ámbitos normativos, organizacionales, criminológicos e institucionales”.
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