El pasado martes 19 de agosto, fue presentado el Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención del Delito y la Violencia Seguridad Para Todos. Este Plan establece 16 prioridades en torno a 5 ámbitos. La diversidad e integralidad de las acciones genera expectativas en torno a lo que esta gestión puede avanzar en materia de prevención, control y sanción del delito.
Pese a que en algunos ámbitos las acciones comprometidas son ambiguas, la mayor parte de ellas se orientan a aspectos concretos con medidas adecuadas que, lo más importante, denotan que hemos aprendido de nuestros errores y aciertos.
Esto se refleja en lo que se ha denominado la “nueva gobernanza de la seguridad pública”, cuya base es la descentralización de la política pública hacia los tres subniveles de gobierno, con especial énfasis en el trabajo que en materia de prevención del delito y la violencia es posible y necesario implementar a nivel municipal. Esto por sí mismo no es una novedad. Desde el año 2001 cuando se implementó el programa Comuna Segura Compromiso 100, se comenzó un camino de territorialización de la prevención.
Los principales problemas que enfrentaron este programa y sus sucesores estuvieron relacionados con la discontinuidad de los proyectos ejecutados, producto de un régimen anual de transferencia de recursos; la voluntariedad detrás de la adhesión a los programas, dada la ausencia de institucionalidad y regulación adecuada; la limitaciones técnicas locales ante un fenómeno sobre el que poco se conocía y sin adecuado soporte desde el nivel central, como las más importantes.
Todas estas dificultades sin excepción son abordadas y, al menos en el papel, resueltas en el Plan Seguridad para Todos. Convenios interinstitucionales, trianualidad de los programas, equipos técnicos financiados desde el nivel central, una Unidad de Apoyo a la Gestión Municipal, ley de Prevención del Delito, carteras de proyectos y Banco de Buenas Prácticas, énfasis en la participación comunitaria, son algunos de los anuncios que en materia de prevención parecen retomar el camino que indica la experiencia propia y comparada hacia mejores resultados de mediano y largo y plazo.
Columna publicada la sección Debate del sitio web de la Universidad de Chile el 5 de septiembre de 2014
Alejandra Mohor es Coordinadora del Área de Prevención del Delito del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana del INAP.
Las opiniones vertidas en esta columna son de responsabilidad de su(s) autor(es) y no necesariamente representan al Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.
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