La Escuela de Gobierno y Gestión Pública de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile lanzó este miércoles 30 de septiembre su Política de Integración Crítica y Ética de la Inteligencia Artificial Generativa para la Formación en Asuntos Públicos, junto con el Protocolo que orienta su implementación. La actividad reunió a autoridades universitarias y de la facultad, académicas y académicos, estudiantes y representantes estudiantiles.
El encuentro, realizado en el Auditorio de la Facultad de Gobierno, contó con la participación del Vicerrector de Tecnologías de la Información de la Universidad de Chile, José Correa Haeussler; de la Directora del Departamento de Pregrado, Andrea Greibe Kohn; del Decano (s) de la Facultad de Gobierno, Ariel Ramírez; y del Director del Departamento de Estudios Políticos, Felipe Agüero, además de docentes, representantes de los centros de estudiantes de Administración Pública y Ciencia Política y estudiantes de la Escuela.
La Política busca orientar el uso crítico, ético y responsable de la inteligencia artificial generativa en los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación en el pregrado de la Facultad de Gobierno, involucrando a estudiantes, docentes, ayudantes y otros actores de los procesos formativos. Entre sus principios rectores se encuentran la igualdad de oportunidades, la gradualidad, la reflexión crítica, la responsabilidad y supervisión humana, la protección de datos personales y confidencialidad, la igualdad de género y no discriminación, la transparencia, probidad y rendición de cuentas, y la integración curricular y mejora continua.
La inteligencia artificial también es un asunto público
Durante el lanzamiento, la directora de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública de la Facultad de Gobierno, Lorena Oyarzún Serrano, destacó que la inteligencia artificial generativa plantea desafíos que trascienden el ámbito tecnológico y pedagógico y adquieren especial relevancia en la formación en Administración Pública y Ciencia Política.
“Para una Escuela de Gobierno, la inteligencia artificial no es solo un desafío tecnológico ni pedagógico. Es también un asunto público. Nuestros estudiantes serán quienes mañana trabajen en la gestión del Estado, diseñen y evalúen políticas públicas, analicen información y participen en decisiones que afectan directamente la vida de las personas”.
Oyarzún señaló además que estas tecnologías pueden contribuir a modernizar el Estado, analizar grandes volúmenes de información y apoyar el diseño y la evaluación de políticas públicas, pero también plantean preguntas sobre quién decide, con qué información, qué sesgos pueden intervenir, cómo se protegen los datos y quién responde por las decisiones adoptadas.
La iniciativa fue desarrollada en el marco del proyecto FADOP “Innovación docente con propósito público: integración crítica y ética de la inteligencia artificial generativa en la formación en asuntos públicos”, dirigido por Lorena Oyarzún Serrano. Su elaboración contempló un proceso participativo que incorporó a docentes y estudiantes mediante encuestas, grupos focales, conversaciones e instancias de deliberación.
Este trabajo permitió recoger experiencias y preocupaciones de la comunidad de la Escuela y traducirlas en criterios comunes para orientar el uso de la IAG en la docencia y la formación de pregrado.
Una mirada desde la Universidad
El Vicerrector de Tecnologías de la Información de la Universidad de Chile, José Correa Haeussler, en su discurso,valoró la iniciativa impulsada por la Escuela de Gobierno y Gestión Pública y destacó la importancia de que la Universidad aborde de manera crítica los desafíos que plantea la incorporación de la inteligencia artificial en la educación superior:
“La inteligencia artificial está cambiando rápidamente la forma en que estudiamos, trabajamos y tomamos decisiones. Hoy existe mucha incertidumbre: las universidades todavía no sabemos del todo cómo evaluar, cómo incorporar la IA en los procesos formativos ni cuánto puede reemplazar o, por el contrario, potenciar nuestras capacidades.
Por eso, quiero felicitar a la Escuela de Gobierno por dar este paso. Más importante incluso que contar con un documento es que la Universidad esté pensando activamente en estos desafíos y tenga la capacidad de revisar y adaptar sus orientaciones a medida que la tecnología evoluciona.
Además, como universidad pública, tenemos una responsabilidad en la discusión sobre cómo Chile va a abordar y regular la inteligencia artificial. No hay respuestas obvias, y justamente por eso necesitamos más debate, más investigación y la capacidad de revisar nuestras decisiones a la luz de los nuevos desafíos y de la evidencia.”
Por su parte, la Directora del Departamento de Pregrado de la Universidad de Chile, Andrea Greibe Kohn, abordó la importancia de vincular la incorporación de estas tecnologías con los propósitos formativos y las particularidades de cada disciplina.
“Tanto la experiencia como la evidencia nos dice que la inteligencia artificial generativa es una realidad en la cotidianidad de nuestro estudiantado. No podemos ignorar que existe. Sin ir más lejos, más del 80% de quienes ingresan por primera vez a nuestra universidad declaran utilizar estas herramientas. Entonces, el cómo estimulamos una docencia reflexiva y crítica en este contexto es fundamental. Tenemos que hacernos cargo de una formación que oriente un uso crítico, ético y propositivo de la inteligencia artificial y en ese sentido, la política elaborada por la comunidad de la Facultad de Gobierno genera cuestionamientos interesantes porque, con principios rectores alineados con nuestro modelo educativo, distingue tipos de uso y orienta a que se interroguen de acuerdo a las competencias y a los resultados de aprendizaje de cada curso”.
De los principios a la práctica
La Política se complementa con un Protocolo para el uso de Inteligencia Artificial Generativa en actividades educativas de pregrado, que traduce sus principios en criterios concretos para docentes y estudiantes.
El Protocolo distingue entre preparación, revisión, delegación menor y delegación mayor, e incorpora un sistema de semáforo para orientar si un uso está permitido, requiere resguardos o no está permitido. El criterio central no es simplemente si se utilizó inteligencia artificial, sino cómo ese uso se relaciona con la competencia que una actividad busca desarrollar o evaluar. La Política establece, además, un principio transversal: la responsabilidad no se delega a la herramienta.
La igualdad de género y la no discriminación también forman parte de este marco. La Política reconoce que estas tecnologías pueden reproducir sesgos y plantea la necesidad de desarrollar capacidades para identificarlos y mitigarlos.
Una política en permanente revisión
La Política y el Protocolo fueron concebidos como instrumentos dinámicos, sujetos a revisión de acuerdo con la evolución tecnológica, la evidencia disponible, las recomendaciones nacionales e internacionales y la experiencia de la comunidad universitaria. Durante el encuentro, docentes y estudiantes manifestaron su interés en continuar compartiendo experiencias y buenas prácticas y generar nuevos espacios de colaboración.
El desafío que comienza ahora es colectivo: llevar estos principios a las aulas, aprender de la experiencia y formar profesionales capaces no solo de utilizar estas herramientas, sino también de saber cuándo utilizarlas, cuándo interrogarlas, cuándo limitar su intervención y qué decisiones y responsabilidades no deben delegarse.
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