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En el Foro de Desarrollo Sostenible:

Joaquín Prieto “Donde hubo pactos duraderos que coordinaron política económica y política social, hubo reducción de desigualdad”

Joaquín Prieto “Donde hubo pactos duraderos que coordinaron"

En el marco de la Novena Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible 2026, se llevó a cabo el evento paralelo “Reflexiones sobre desigualdad social en América Latina y el Caribe”, organizado por la División de Desarrollo Social de la CEPAL en colaboración con la Fundación Ford. La instancia tuvo como eje central la presentación de la publicación "Keynote lectures on social inequality: Barr, Bourguignon, Ferreira, Foster and Lustig", un documento que compila conferencias magistrales dictadas entre 2023 y 2025 por destacados especialistas internacionales sobre diagnósticos empíricos y orientaciones de política pública para la región.

En esta actividad, que buscó contribuir a una conversación estratégica para superar la trampa de la alta desigualdad y la baja movilidad social, participó de forma presencial el académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Joaquín Prieto, quien compartió el panel de comentarios con las especialistas Verónica Amarante (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe - CAF) y Andrea Repetto (Escuela de Gobierno, Universidad Católica de Chile).

Durante su intervención, Prieto se desempeñó como comentarista centrándose específicamente en los capítulos de François Bourguignon y James Foster, autores que dialogan con debates conceptuales y metodológicos actuales. El académico destacó la propuesta de Bourguignon sobre las “desigualdades de raíz” —factores como el género, la etnia o el lugar de nacimiento que preceden al ingreso al mundo económico— y su argumento de que el coeficiente de Gini es insuficiente para capturar la desigualdad real. Asimismo, resaltó la metodología de Foster para combinar dimensiones como ingreso, educación y salud en una sola medida rigurosa y fácil de interpretar.

 

En la siguiente entrevista, se presentan las reflexiones íntegras del profesor Joaquín Prieto respecto a los desafíos de gobernanza, los factores estructurales de la desigualdad y el financiamiento de la protección social en la región:

Desde su perspectiva de investigación, ¿qué lecciones de gobernanza o diseño de políticas públicas pueden extraerse de las diferencias en las trayectorias de desigualdad entre los países del Cono Sur y el resto de la región para avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)?

Las encuestas de hogares muestran que América Latina experimentó una caída significativa de la desigualdad de ingresos durante los años 2000, aunque de forma heterogénea entre países. Tras el alza registrada en los ochenta y noventa, la desigualdad descendió en la década siguiente en varios países, configurando una trayectoria en forma de "U invertida". De esa experiencia se pueden extraer tres lecciones relevantes para avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente los vinculados a la reducción de la pobreza (ODS 1), el trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8) y la reducción de las desigualdades (ODS 10).

Primero, que el tamaño y la progresividad del Estado importan. Los países con mayor capacidad recaudatoria y gasto social pudieron combinar programas amplios, accesibles a toda la población, con apoyos adicionales para los hogares que más lo necesitan. Segundo, que la institucionalidad laboral fue clave, particularmente el salario mínimo, la formalización del empleo y la negociación colectiva. Lustig muestra, por ejemplo, que la compresión de brechas salariales explicó más del 60% de la caída del Gini en la región. Y tercero, que la protección social no contributiva fue decisiva. El caso chileno de la pensión solidaria, que redujo la pobreza en adultos mayores de 23,5% a 14,8%, es un buen ejemplo.

La lección de gobernanza es clara. Donde hubo pactos duraderos que coordinaron política económica y política social, hubo reducción de desigualdad. Sin embargo, desde mediados de la década de 2010 este proceso se desaceleró y, en varios países, los avances se estancaron o se revirtieron parcialmente, en un contexto de menor crecimiento económico y debilitamiento de los factores redistributivos que habían impulsado la mejora en la década anterior.

Considerando los hallazgos de la publicación comentada, ¿cuáles diría usted que son los factores “resistentes” que impiden que el crecimiento económico se traduzca en una reducción de la desigualdad, y qué rol juega la precariedad del mercado laboral?

Se pueden identificar seis factores estructurales que podríamos llamar “resistentes”, que son la heterogeneidad productiva, la tributación regresiva, la protección social débil, los problemas del sistema educativo, la desigualdad de género y la segregación urbana. A eso hay que sumar dos factores adicionales que aparecen en la publicación. El primero es histórico y tiene que ver con la persistencia del legado colonial. Un estudio de Eslava y Valencia que se cita en el documento, muestra una correlación positiva entre los niveles actuales de desigualdad en América Latina y la proporción de la población que fue esclavizada en el siglo XIX. Los países que tuvieron sistemas esclavistas más extensos tienden a mostrar hoy mayores concentraciones de ingreso y riqueza. Es decir, es un patrón de desigualdad que se ha transmitido a lo largo de siglos, no solo de décadas. El segundo factor es más contemporáneo y tiene que ver con la concentración del poder de mercado. Estudios citados en la publicación muestran que las grandes firmas en la región, por su posición dominante en el mercado, pueden fijar precios más de un 80% por encima del costo marginal y pagar salarios más de un 40% por debajo de la productividad del trabajo. Eso limita directamente la capacidad del crecimiento económico para generar inclusión.

Ahora, la precariedad laboral es el nudo central. Es lo que Ferreira captura muy bien con su “triángulo de la desigualdad”. Cuando una fuerza laboral con niveles de formación muy desiguales se encuentra con empleadores que en su mayoría son microempresas informales y de baja productividad, el resultado es un mercado laboral segmentado que reproduce la desigualdad en vez de cerrarla. Casi la mitad del empleo regional es informal, y en pensiones, cerca de uno de cada dos trabajadores activos no cotiza. Mientras el empleo siga siendo la puerta de entrada a la protección social, y esa puerta esté cerrada para la mitad de los trabajadores, el crecimiento económico va a seguir siendo compatible con altos niveles de desigualdad.

En un contexto de restricciones fiscales post-pandemia, ¿cómo pueden los países de la región financiar sistemas de protección social más robustos y garantizar una mayor movilidad social?

Yo diría que hay que trabajar en tres frentes a la vez. El primero es del lado de los ingresos fiscales del Estado. La región recauda en torno al 21,5% del PIB, frente al 34% que promedian los países de la OCDE, y con una estructura muy sesgada hacia impuestos indirectos, que tienden a ser regresivos. Lustig muestra, por ejemplo, que el impuesto máximo sobre la renta que paga el 1% más rico está en torno al 30%, muy por debajo del 47% que se observa en países desarrollados. Hay espacio, entonces, para elevar esas tasas sobre los altos ingresos, reformar los impuestos a la riqueza, revisar beneficios tributarios que terminan siendo regresivos, y combatir con fuerza la evasión, que equivale a US$ 433 mil millones al año, cerca del 6,7% del PIB regional.

El segundo frente tiene que ver con el diseño del sistema de protección social. Barr propone una estrategia articulada en cuatro pilares: pensiones no contributivas y beneficios infantiles; esquemas de ahorro simples (como el modelo británico “Nest”) para redistribuir el consumo; políticas de equidad de género; e inversión fuerte en primera infancia. Esta última es la etapa donde se forman las desigualdades más profundas, lo que Bourguignon llama las desigualdades de raíz.

Y el tercero, que es el más difícil, es político. Se necesita un nuevo pacto fiscal y social. Lustig muestra algo paradójico y a la vez revelador: en América Latina, a mayor desigualdad, menor es el esfuerzo del Estado por redistribuir a través de impuestos y gasto social, al contrario de lo que ocurre en Europa. Eso no se cambia solo con buena técnica; se cambia con acuerdos sociales que legitimen al Estado y su capacidad de redistribuir. Sin ese pacto, cualquier reforma fiscal progresista queda a mitad de camino.

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