Entre la garantía procesal y la pena anticipada: evidencia empírica sobre el uso y consecuencias de la Prisión Preventiva en Chile

El Magíster en Criminología y Gestión de la Seguridad Ciudadana (MCGSC) de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile ha consolidado un espacio académico estratégico orientado a conectar de manera sustantiva la investigación científica con la praxis institucional del sistema penal. 

Este ciclo de actividades busca aproximar el conocimiento empírico financiado a través de fondos públicos —específicamente mediante proyectos FONDECYT— a las discusiones operativas y decisiones de política pública que enfrentan cotidianamente sus graduados y graduadas en el ámbito de la seguridad. La convergencia entre el rigor conceptual desarrollado por el cuerpo académico y la experiencia de campo de quienes gestionan el sistema de justicia permite transformar la evidencia en un insumo crítico para la formulación de políticas penitenciarias eficientes, transparentes y estrictamente alineadas con los principios del Estado de derecho.

En ese contexto se desarrolló el pasado martes 6 de octubre la charla "Prisión preventiva y seguridad pública: evidencia sobre su uso y sus consecuencias en Chile", en donde la académica del magíster, Carolina Villagra presentó la ponencia "Impacto del encarcelamiento en personas imputadas en Chile: estudio empírico de los efectos psicosociales de la prisión preventiva", exposición enmarcada en el proyecto FONDECYT Iniciación 2025 N° 11251819.

La apertura de la jornada estuvo a cargo de la profesora Olga Espinoza, quien destacó la misión del ciclo como una plataforma de diálogo técnico e intercambio interdisciplinario. Durante su intervención, la académica subrayó la extensa trayectoria de trabajo conjunto con la investigadora principal, la Dra. Carolina Villagra, recordando sus inicios en el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) —unidad desde la cual generaron insumos clave para la política penitenciaria del país— y enfatizando su  rol en la génesis del programa de magíster desde sus etapas fundacionales, hace más de doce años. Recogiendo estas palabras, la Dra. Carolina Villagra valoró la consolidación institucional del programa y el sentido ético que guía la investigación en la Universidad de Chile:

"Creo que lo que hacemos en el programa y en nuestras investigaciones se apegan a un compromiso con la justicia tremendo y eso me hace sentir muy orgullosa de ser parte de este programa,", declaró la expositora, Carolina Villagra.

Este marco institucional cobra una relevancia ineludible en el escenario nacional actual, donde las demandas de seguridad pública y las propuestas de rediseño penitenciario tensionan constantemente los límites de las garantías procesales. En este contexto, analizar el uso de la prisión preventiva se vuelve un factor ineludible para evitar que la respuesta estatal ante el delito degenere en un punitivismo reactivo que socave el debido proceso.

Con este encuadre institucional como respaldo, la actividad dio paso a la presentación de la evidencia empírica cuantitativa y cualitativa obtenida en el marco de la investigación liderada por la Dra. Villagra.

El diagnóstico empírico de la Prisión Preventiva: del espíritu garantista uno de los nudos críticos  del sistema

A un cuarto de siglo de la implementación de la Reforma Procesal Penal en Chile —proceso histórico que sustituyó el modelo inquisitivo por un sistema acusatorio adversarial en el que la presunción de inocencia juega un rol central—, la evaluación cuantitativa de sus instituciones revela severas distorsiones respecto a su diseño original. Concebida por el legislador como una medida cautelar de carácter excepcional y de última ratio, orientada exclusivamente a resguardar los fines del procedimiento y la seguridad de la investigación, la prisión preventiva ha sufrido una expansión que compromete el principio rector de la presunción de inocencia.

La evolución estadística de esta medida da cuenta de una deriva crítica. Mientras que en los años inmediatamente posteriores a la reforma la proporción de personas privadas de libertad sin condena se redujo a cifras cercanas al 14% de la población penal total, en el quinquenio reciente el promedio general de imputados en presidio ha escalado de forma desproporcionada hasta alcanzar un 35%. Al desglosar este indicador, la evidencia empírica saca a la luz un agudo sesgo de género: mientras que la prisión preventiva afecta a un tercio de la población penal masculina, en el caso de las mujeres encarceladas la medida supera el 47% de la población femenina privativa de libertad.

A esta expansión  cuantitativa se suma la paradoja estructural que la investigación define como la realidad del "50 y 50". Los datos del sistema de justicia penal demuestran que de cada diez personas sometidas a prisión preventiva, solo cinco terminan su proceso con una pena privativa de libertad efectiva. El 50% restante corresponde a personas que son absueltas o que reciben penas sustitutivas en libertad, lo que implica que la mitad de los receptores de la medida cautelar más gravosa del ordenamiento legal no recibieron una condena de cárcel al cabo del juicio, que es la ruta lógica para deretar dicha medida. Al analizar esta distorsión sistémica, la doctora Villagra calificó esta cifra categóricamente como un hecho "gravísimo".

Para sistematizar la complejidad de este fenómeno, el proyecto FONDECYT Iniciación 2025 N° 11251819 articula su diagnóstico en torno a cinco nudos críticos fundamentales:

• Aumento cuantitativo
• Debilitamiento de la justificación de uso
• Altos costos económicos
• Sesgos discriminatorios
• Efectos en la reinserción

Sin embargo, la magnitud de estos indicadores y clasificaciones procesales adquieren su dimensión más severa cuando se traspasa la frialdad de la estadística judicial para examinar la vivencia cualitativa de quienes sufren la privación de libertad amparados legalmente por la presunción de inocencia.

La dimensión subjetiva del encierro: radiografía cualitativa y los "Dolores del Encarcelamiento"

Evaluar la política de seguridad pública requiere trascender el análisis normativo o cuantitativo para incorporar una perspectiva psicosocial de la pena. La justicia procedimental exige examinar el bienestar y la integridad de las personas sometidas a la potestad punitiva del Estado, analizando cómo opera el encarcelamiento sobre sujetos que formalmente no han sido condenados.

La investigación cualitativa longitudinal desarrollada en el marco del Proyecto FONDECYT N° 11251819 abordó una muestra inicial de 44 personas entrevistadas en su primera ola durante los días inmediatamente posteriores a su ingreso a la cárcel (entre los 2 y 20 días de encierros). El trabajo de campo abarcó recintos de la Región Metropolitana —con énfasis en el Centro de Detención Preventiva Santiago 1— y de la Región de Tarapacá, en el Complejo Penitenciario de Alto Hospicio, caracterizado por una alta presencia de mujeres extranjeras y pertenecientes a las etnias Aymara y Quechua. En la segunda ola del estudio, efectuada 8 meses después, se constató que el 67% de los entrevistados continuaba en prisión preventiva, lo que contraviene el espíritu de celeridad procesal.

El análisis cualitativo identificó tres ejes temáticos centrales en la experiencia subjetiva del encierro:

• Ruptura biográfica brutal
• Incertidumbre procesal y desamparo material
• Los "dolores del encarcelamiento"

La evidencia cualitativa demuestra que la prisión preventiva no opera en la práctica como un resguardo cautelar neutro, sino como una "pena anticipada" que inflige un castigo psicológico y material irreversible sobre personas legalmente inocentes.

Esta realidad empírica abrió el debate hacia una consideración ética sobre la responsabilidad directa de las instituciones del Estado en la administración del dolor.

Reflexión crítica y ética del Estado: la intervención de la Dra. Ximena Verbal

El análisis de la evidencia científica fue enriquecido por los comentarios de la Dra. Ximena Verbal, médica psiquiatra, funcionaria del Departamento de Estadísticas y Estudios de Gendarmería de Chile y graduada de la primera generación del Magíster en Criminología y Gestión de la Seguridad Ciudadana. Su intervención aportó una mirada clínica y de campo sobre el impacto del encierro y la responsabilidad ética del Estado.

La Dra. Verbal interpeló la naturalización de la cautelar, recordando que el encarcelamiento preventivo no es un fenómeno fortuito, sino una decisión punitiva ejecutada por actores del sistema de justicia: "La prisión preventiva no es un accidente ni una enfermedad, no es una consecuencia inevitable que debes aceptar por lo que has hecho. Es el resultado de la decisión de personas a las que se les ha dado el poder de decretarla sobre otros."

Para examinar la legitimidad de este ejercicio de poder, la psiquiatra construyó una analogía médica, comparando la prisión preventiva con procedimientos clínicos de alta invasividad, tales como amputaciones quirúrgicas, internaciones psiquiátricas involuntarias o esquemas agresivos de quimioterapia. Si bien estas intervenciones infligen dolor, incertidumbre y quiebres biográficos justificándose en la prevención de un mal mayor, la medicina opera bajo un imperativo ético irrenunciable que debe regir al ámbito penal: "Todo procedimiento invasivo y doloroso debe ser la última opción de tratamiento a emplear cuando ninguna otra alternativa haya funcionado o pueda funcionar en el futuro."

Desde esta perspectiva, la especialista cuestionó la lógica estatal de pretender "prevenir un mal con otro mal" —un mal público que suele ser cualitativamente superior al riesgo que se busca cautelar—. Sostuvo la necesidad de aplicar alternativas reales que eliminen el dolor innecesario del encarcelamiento, tales como el monitoreo telemático, la firma periódica o el arresto domiciliario.

Asimismo, la Dra. Verbal analizó las privaciones cotidianas que sufre el sujeto encarcelado —desde la falta de un café caliente al despertar hasta la dureza del colchón— y presentó una tipología de las formas de adaptación observadas en prisión: Por un lado, la respuesta de jóvenes y adolescentes, marcada por la rabia, la frustración y la percepción de ilegitimidad respecto al sistema procesal. Por otro lado, el fenómeno de la hiperadaptación o naturalización del encierro en personas provenientes de sectores de extrema vulnerabilidad social. Para estos individuos, el ingreso a la cárcel no constituye una ruptura traumática, dado que la violencia, la privación y los "dolores" del medio penitenciario no hacen más que reproducir las condiciones de marginación vividas cotidianamente en sus entornos de origen.

Esta visión médica y ética reafirma la urgencia de traducir el diagnóstico académico en propuestas concretas para la reformulación de la política criminal.

Conclusiones y Horizontes para la Política Criminal en Chile

Los hallazgos expuestos por la profesora Villagra, entregan evidencia concluyente sobre la necesidad de reorientar la política de seguridad pública y la gestión penitenciaria en el país. El diagnóstico demuestra la urgencia de abandonar la expansión punitiva automática y avanzar hacia un modelo de justicia procedimental y proporcional, que sopese de forma rigurosa los costos psicosociales que el Estado impone a personas amparadas por la presunción de inocencia.

Para viabilizar este cambio, resulta imperativo saldar deudas estructurales pendientes. La más crítica de ellas es la implementación del Banco Unificado de Datos, una exigencia técnica y política pospuesta por más de 20 años —mencionada ya como una urgencia cuando las investigadoras se conocieron hace dos décadas— cuya ausencia impide trazar de manera científica las trayectorias de los imputados, evaluar la efectividad de las medidas cautelares y transparentar el uso de los recursos públicos. Junto a ello, se requiere revisar los criterios de proporcionalidad aplicados por los tribunales de garantía e incorporar el factor psicosocial en la evaluación del sistema de justicia.

A partir del debate académico, se proponen tres recomendaciones clave para la reorientación de la política criminal en Chile:

1. Racionalización de la medida cautelar y restitución del principio de última ratio: Restringir el uso de la prisión preventiva a casos estrictamente fundados de alto riesgo, priorizando en el catálogo procesal el uso de dispositivos telemáticos, arrestos domiciliarios y firmas periódicas.
2. Modernización sistémica e implementación del Banco Unificado de Datos: Integrar de manera urgente los sistemas de información de Gendarmería de Chile, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y el Poder Judicial para contar con estadísticas unificadas que permitan evaluar el costo-beneficio e impacto real de las medidas cautelares.
3. Mitigación del impacto psicosocial y garantía de habitabilidad digna: Erradicar los cuellos de botella en las zonas de tránsito penitenciario, facilitar canales de comunicación con el mundo exterior  y asegurar insumos básicos de higiene y condiciones materiales compatibles con la presunción de inocencia.

Con la difusión de estas investigaciones y el fomento del debate técnico entre sus académicos, graduados y la ciudadanía, la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile reafirma su compromiso ético con la generación de conocimiento científico de excelencia, orientado a fortalecer las instituciones públicas, resguardar las garantías procesales y promover la dignidad humana en el marco del Estado de derecho.