La medición y superación de la pobreza en Chile atraviesan una encrucijada crítica. Frente a un escenario macroeconómico complejo, presupuestos ajustados y una vulnerabilidad social que desborda las métricas tradicionales basadas únicamente en el ingreso, la Universidad de Chile busca liderar una reflexión de alto nivel para renovar las herramientas con las que el Estado evalúa y toma decisiones públicas.
En este contexto se enmarca el 4to Seminario Anual de la Red de Políticas Públicas 2026, titulado «Evaluar para decidir: superar la pobreza en tiempos de incertidumbre». El encuentro convoca de manera conjunta a la Facultad de Gobierno, la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO) y la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM), reuniendo la ingeniería, la ciencia política, la gestión pública y las ciencias sociales para ofrecer respuestas integrales a los grandes nudos ciegos del desarrollo social.
El choque entre eficiencia fiscal y urgencia social
Uno de los principales debates que abordará el encuentro es el dilema entre la estricta rentabilidad social de los proyectos públicos y la urgencia de financiar programas contra la pobreza en un escenario fiscal adverso.
Al respecto, el académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM), Eduardo Contreras, analiza cómo el marco clásico costo-beneficio ha ido evolucionando para no entrar en contradicción con la equidad social: "la evaluación social bajo el enfoque de eficiencia no considera aspectos distributivos. De los postulados de Arnold Harberger, el autor asociado a ese enfoque, se deduce que en el análisis costo-beneficio basta con que en un proyecto lo que ganan los que ganan sea más de lo que pierden los que pierden, para que el proyecto sea socialmente deseable", explica Contreras.
El docente aclara que este paradigma se ha ido matizando mediante criterios de focalización dirigidos a estratos vulnerables, asegurando que "la evaluación social, con los criterios de focalización (...), no debería entrar en contradicción con los programas de reducción de pobreza, al contrario". Sin embargo, advierte sobre un riesgo inminente: "lo que afecta a ambos tipos de acción del Estado es el contexto de restricción fiscal, que probablemente se agudice con las rebajas de impuestos a las empresas (impuesto de primera categoría) que considera la megarreforma recientemente aprobada".
La trampa de los promedios y el desafío de los territorios
Desde la perspectiva territorial e institucional, evaluar programas locales sin perder la rigurosidad ni la pertinencia de las comunidades es una de las tareas más complejas para el aparato público.
La académica de la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO), Andrea Peroni, advierte que las evaluaciones a gran escala corren el riesgo de invisibilizar las brechas locales: "El primer desafío es contar con información suficientemente desagregada. La pobreza no se distribuye de manera homogénea dentro de una región ni siquiera dentro de una comuna... Sin datos a escala local y con desagregaciones pertinentes, corremos el riesgo de concluir que una intervención funciona 'en promedio', cuando en realidad está dejando atrás a grupos o territorios específicos", señala Peroni.
Frente a la dificultad de aplicar diseños experimentales puros en comunidades pequeñas, la especialista propone combinar aproximaciones cuantitativas y cualitativas: "Esto obliga a no reducir el rigor a una sola técnica. En programas sociales complejos, el mejor diseño suele ser mixto... La evidencia sobre pobreza ha mostrado que los datos cuantitativos son fundamentales, pero deben complementarse con aproximaciones cualitativas que permitan entender el contexto social, político, cultural e institucional".
Además, Peroni enfatiza la necesidad de generar capacidad instalada en municipios y Gobiernos Regionales: "La evaluación local requiere capacidades técnicas, pero también capacidades de gestión... Una evaluación pierde sentido si se produce tarde, si no responde a una decisión próxima o si sus hallazgos no tienen un receptor institucional responsable de actuar".
Superar las métricas tradicionales: la trampa de la pobreza multidimensional
Por su parte, Joaquín Prieto, investigador postdoctoral de la Facultad de Gobierno, pone el foco en cómo los marcos tradicionales de evaluación de impacto están quedando desfasados frente a las complejas realidades que muestran los instrumentos oficiales en Chile.
"Durante muchos años, el gran desafío fue medir mejor la pobreza, y Chile ha dado pasos muy importantes en esa dirección. En 2013 incorporamos la pobreza multidimensional, reconociendo que el bienestar depende de mucho más que los ingresos", destaca Prieto.
El investigador advierte que los datos más recientes de la Encuesta CASEN 2024 revelan un panorama que exige un cambio de paradigma evaluativo: "Las nuevas cifras de la CASEN 2024 muestran además que la pobreza por ingresos y la pobreza multidimensional capturan fenómenos distintos. Mientras la primera alcanza al 17,7% de la población, solo un 6,2% experimenta simultáneamente pobreza por ingresos y pobreza multidimensional. Esto refleja que muchas personas enfrentan privaciones importantes en ámbitos como la educación, el empleo, la vivienda o las redes de apoyo sin ser consideradas pobres por ingresos, y que estas desventajas tienden a acumularse y reforzarse entre sí a lo largo del tiempo".
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Prieto concluye que la evaluación de políticas públicas debe dar un salto urgente: "Si las desventajas se acumulan y las respuestas deben ser integrales, las evaluaciones también necesitan dejar de medir únicamente resultados sectoriales aislados. Más que incorporar nuevos indicadores, el desafío es desarrollar evaluaciones capaces de captar cómo las políticas modifican simultáneamente distintas dimensiones del bienestar".
Un espacio imprescindible para la toma de decisiones
El 4to Seminario Anual de la Red de Políticas Públicas 2026 no solo se proyecta como una cita académica de excelencia, sino como una instancia de encuentro fundamental entre el trabajo universitario y las decisiones del sector público. Frente a la acumulación de desventajas sociales y las restricciones del erario fiscal, contar con marcos analíticos rigurosos, flexibles e interdisciplinarios resulta crucial para que el gasto público impacte verdaderamente en el bienestar de la ciudadanía.
La Facultad de Gobierno, la FACSO y la FCFM extienden una cordial invitación a académicos, autoridades, tomadores de decisión, estudiantes de posgrado y profesionales de la gestión pública a sumarse a este espacio de debate estratégico para el futuro de las políticas sociales en Chile.
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