La Escuela de Postgrado de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile ha marcado un hito al entregar, por primera vez, reconocimientos a los trabajos de graduación más sobresalientes de sus cuatro programas de magíster. Esta distinción busca poner en valor las virtudes representativas, de desarrollo y de excelencia de las investigaciones de sus estudiantes, destacando cómo sus hallazgos dialogan directamente con las complejidades del Chile contemporáneo. A través de análisis rigurosos que abarcan desde el crimen organizado hasta la efectividad de las reformas políticas y la planificación del territorio, estas investigaciones se constituyen en herramientas indispensables para orientar el diseño de futuras políticas del Estado.
El abordaje del delito en fronteras globalizadas es una de las temáticas urgentes tratadas en estas investigaciones. En el Magíster en Criminología y Gestión de la Seguridad Ciudadana, la graduada Emilia Rioseco analizó el contenido de los instrumentos internacionales firmados por el país en su trabajo titulado "El crimen organizado en la cooperación internacional: Explorando los tratados bilaterales y multilaterales suscritos por Chile entre 2005 y 2023".
En palabras de la graduada, en un escenario de creciente transnacionalización de este fenómeno, "la cooperación internacional adquiere un rol fundamental para su comprensión y abordaje". No obstante, sus hallazgos revelaron la "amplia preponderancia a generar acuerdos bilaterales con países de la región de América del Sur, con preferencia a establecer medidas de control, en desmedro de medidas de prevención y asistencia a víctimas". Asimismo, Rioseco advirtió que en las narrativas de dichos tratados "se evidenció una falta de consenso en el uso del concepto 'crimen organizado', perpetuando la discusión sobre los elementos que implica el fenómeno". Su trabajo busca de esta forma aportar evidencia empírica para robustecer las futuras estrategias de combate a la delincuencia organizada desde el plano exterior.
Por su parte, el funcionamiento del sistema político y la representatividad democrática fueron analizados por Daniel Gajardo Cooper, graduado del Magíster en Ciencia Política por su tesis "Reforma al Sistema Binominal en Chile: Objetivos y efectos". La investigación examinó mediante un diseño mixto las motivaciones detrás del fin del binominal y las consecuencias, esperadas e imprevistas, de esta transformación. El autor constató que los partidos de la Nueva Mayoría buscaban "mejorar la representatividad del sistema político (permitiendo la entrada de partidos que estaban siendo excluidos) y aumentar la competitividad de las elecciones". Si bien tras la reforma disminuyeron los umbrales de entrada y creció el número de partidos, el incremento de colectividades "fue mucho mayor que lo esperado por los actores políticos de la época", un fenómeno ligado también a otras reformas de ese periodo. Según sostiene Gajardo, dilucidar estos impactos es "fundamental tanto para la academia como para la política misma", especialmente en un escenario marcado por el fraccionamiento partidario y la desconfianza ciudadana hacia la política.
La descentralización y el desarrollo local también ocupan un espacio crucial dentro de este reconocimiento. Fabián Ferrada, del Magíster en Gestión y Desarrollo Regional y Local, expuso los pormenores del primer esfuerzo de planificación a gran escala en su tesis "Reflexión y análisis de la primera experiencia de ordenamiento territorial regional con alcance nacional en Chile: El proceso de formulación de los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT) entre 2011 y 2014".
El investigador identificó una "significativa brecha existente entre el impulso inicial de esta política y su implementación efectiva". Su estudio arrojó que, aunque todas las regiones iniciaron la formulación de los PROT, "la mayoría no alcanzó la etapa de aprobación normativa" debido a "debilidades institucionales y normativas, falta de continuidad y prioridad política, dificultades de coordinación entre el nivel central y los gobiernos regionales, y una marcada dependencia de estos últimos". Ferrada subraya que contar con estas herramientas no basta, sino que "su efectividad requiere un marco normativo claro, capacidades institucionales en los gobiernos regionales, coordinación entre los distintos niveles del Estado y continuidad en el tiempo". Este diagnóstico recobra vigencia tras la publicación en marzo de 2026 del Decreto Supremo N.º 243, abriendo una valiosa oportunidad para evitar repetir los tropiezos del pasado en esta nueva etapa regulatoria.
Finalmente, el rol del conocimiento técnico frente a la deliberación política fue el eje del trabajo de Catalina Riquelme Lillo, distinguida en el Magíster en Gobierno y Gerencia Pública por su tesis "Uso de información pública en la formulación de la política de drogas en Chile: Análisis de Debates Legislativos (2000-2022)". La autora examinó cómo los parlamentarios procesan la evidencia científica y técnica bajo restricciones de tiempo y recursos para legislar sobre la materia. Mediante la construcción de una base de datos de intervenciones en la Cámara de Diputados y la aplicación del marco de coaliciones promotoras (Advocacy Coalition Framework), su estudio analiza "cómo las creencias compartidas y las dinámicas partidarias inciden en el proceso de elaboración de la política pública de drogas". El objetivo final de la investigación de Riquelme es evaluar "si las decisiones legislativas se sustentan en evidencia pública o están influenciadas por dinámicas políticas", aportando una mirada crítica sobre la calidad del debate en el Congreso Nacional.
Así, estas cuatro investigaciones no solo representan un logro académico individual, sino que también trazan una hoja de ruta con evidencia rigurosa sobre los desafíos urgentes del Estado. Al conectar la formación de postgrado con los debates cruciales del país, la Facultad de Gobierno reafirma su compromiso de generar conocimiento aplicado para fortalecer el quehacer público y social.
Para el director de la Escuela de Postgrado, Alejandro Olivares, el reconocimiento inaugura una práctica que la Escuela busca sostener en el tiempo: "Distinguir los trabajos de graduación es una forma de fijar un estándar compartido entre nuestros cuatro programas. Lo que valoramos aquí es la calidad de la pregunta, la solidez del diseño de investigación y la capacidad de convertir los hallazgos en insumos para la toma de decisiones de política pública", afirmó.
Y finalizó aseverando: "Queremos mostrar que un trabajo de magíster puede ser evidencia útil para el Estado y no solo un requisito de graduación. Estos cuatro trabajos abordan problemas que hoy están en la agenda (crimen organizado, representación electoral, ordenamiento territorial y política de drogas) con estándares de rigor que resisten la discusión pública".
