El compromiso global por combatir el cambio climático tras el Acuerdo de París impulsó una acelerada carrera por descarbonizar la matriz energética. En este escenario, Chile ha destacado a nivel internacional como uno de los líderes en la transición hacia energías limpias en América Latina. Sin embargo, el despliegue territorial de parques eólicos y solares no ha estado exento de tensiones con las comunidades locales.
Para comprender a fondo la naturaleza de estas diferencias, una investigación elaborada por el académico de la Facultad de Gobierno Felipe Irarrázaval, en conjunto con Caroline Stamm y Gonzalo Franetovic, profundiza en los factores que desencadenan el descontento social ante los proyectos energéticos. El estudio titulado “Más allá de la resistencia: una evaluación cuantitativa del conflicto y la participación pública en proyectos energéticos en Chile” fue recientemente publicado en Energy Policy.
Del caso aislado al análisis a gran escala
Hasta la fecha, gran parte de la literatura sobre conflictividad socioambiental se basaba en estudios de caso cualitativos o muestras reducidas, lo que limitaba las comparaciones generales a nivel nacional. La investigación de Irarrázaval y su equipo supera este sesgo mediante una rigurosa evaluación cuantitativa de 202 proyectos energéticos ingresados al sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de Chile entre 2013 y 2021, complementada con un análisis cualitativo de las observaciones ciudadanas.
Entre sus principales hallazgos destaca que la conflictividad no es exclusiva de una tecnología en particular —como la energía eólica o solar—, sino que atraviesa de manera transversal a los desarrollos energéticos de gran escala. Asimismo, la investigación evidencia que las comunidades no se limitan a la oposición pasiva o a la protesta informal: expresan su descontento mediante una combinación fluida de canales institucionales (como las observaciones formalizadas en el EIA) y no institucionales.
El desafío de la confianza en la energía eólica
Al analizar específicamente los proyectos eólicos, los autores identificaron que la falta de información transparente, clara y confiable sobre los impactos locales es la principal fuente de controversia. La preocupación de la ciudadanía se concentra prioritariamente en las afectaciones a la biodiversidad local y los episodios de contaminación o alteración del entorno inmediato.
Este diagnóstico aporta insumos clave para el diseño de políticas públicas, ofreciendo pautas concretas para perfeccionar la gobernanza de la transición energética. Atender la dimensión social mediante una participación ciudadana oportuna e informada resultará vital para avanzar hacia una ruta de descarbonización no solo ambientalmente sustentable, sino también socialmente justa e inclusiva.
Al ser consultado sobre cuáles son las principales transformaciones normativas o institucionales que debería implementar el sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) en Chile para garantizar una transición energética verdaderamente participativa y justa, el académico Felipe Irarrázaval afirmó que “Es fundamental que las instancias de relacionamiento previo, conocidas como participación ciudadana temprana, se estandarice y sean de carácter obligatorio en territorios y/o para proyectos de características específicas. Sabemos que hay proyectos que son más invasivos, y que hay territorios que cuentan con historias de desconfianza hacia los proyectos energéticos. Ahí la participación ciudadana que conocemos llega tarde, y se queda corta. Es necesario aclarar y dialogar con la comunidad la forma en que se desarrollarán los proyectos, e ir incorporando sus inquietudes en el diseño de estos”.
