La administración pública suele presentarse como un sistema de engranajes técnicos y normas rígidas diseñadas para el bien común. Sin embargo, tras la fachada de la legalidad, existen dimensiones menos visibles que determinan el éxito o el fracaso de la democracia. Esta es la premisa central de "Sombras de integridad en la administración pública. Experimentos de encuesta sobre ética y corrupción", la más reciente obra del académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Luis Garrido-Vergara.
Publicado por la prestigiosa Cambridge University Press, este libro —que forma parte de la serie Cambridge Elements in Public and Non-Profit Administration— se sumerge en las complejidades de la ética pública mediante un enfoque metodológico innovador. A través de experimentos de encuesta, Garrido-Vergara analiza cómo los ciudadanos y los funcionarios procesan dilemas éticos, revelando que la integridad no es un estado estático, sino un equilibrio frágil constantemente acechado por "sombras" o zonas grises.
La obra desmitifica la idea de que la corrupción es solo un intercambio de sobres bajo la mesa, explorando cómo factores organizacionales, culturales y políticos moldean la conducta estatal. A continuación, conversamos en profundidad con el autor sobre los hallazgos de su investigación y los desafíos estructurales que enfrenta el modelo chileno.
Entrevista con Luis Garrido-Vergara: Radiografía a las "zonas grises" del Estado
El título de su obra habla de las "sombras de integridad" en la administración pública chilena. ¿A qué se refiere exactamente con este concepto y cómo desafía la narrativa histórica de que Chile es una "isla de probidad"?
El concepto de “sombras de integridad” busca capturar aquellos espacios grises donde las normas éticas formales existen y son públicamente defendidas, pero donde, en la práctica, comienzan a perder fuerza frente a dinámicas informales, incentivos políticos o racionalidades organizacionales. No necesariamente hablamos de corrupción abierta o ilegalidad explícita, sino de zonas de ambigüedad donde actores públicos pueden justificar prácticas cuestionables bajo argumentos de eficiencia, lealtad política, presión institucional o necesidad estratégica.
En el caso chileno, esto resulta particularmente relevante porque durante décadas predominó una narrativa de excepcionalismo institucional, donde Chile era presentado como una especie de “isla de probidad” en América Latina. Mi investigación no sostiene que Chile sea un país estructuralmente corrupto, pero sí plantea que esta imagen de excepcionalidad dificultó observar mecanismos más sofisticados y normalizados de deterioro ético dentro del aparato estatal. Uno de los argumentos centrales del libro es que la integridad pública no debe entenderse únicamente como ausencia de corrupción penalmente sancionable, sino también como la capacidad de las instituciones para sostener estándares éticos consistentes incluso en contextos de presión política, desigualdad o desconfianza ciudadana.
En su análisis, menciona que la corrupción se manifiesta a través de mecanismos más sofisticados que el soborno tradicional. ¿Cómo han influido las élites en la configuración de reformas que mantienen espacios de opacidad?
En América Latina, y Chile no es una excepción, la corrupción contemporánea muchas veces opera mediante mecanismos más complejos que el soborno tradicional. Puede manifestarse a través de conflictos de interés, circulación de élites entre sectores públicos y privados, financiamiento político indirecto, diseño regulatorio favorable a ciertos actores o formas de captura institucional más difíciles de detectar.
En ese contexto, algunas reformas de integridad efectivamente han fortalecido mecanismos de transparencia y control, pero otras también han coexistido con estructuras de poder relativamente estables. El libro plantea que las élites políticas y económicas no necesariamente bloquean las reformas; muchas veces participan activamente en ellas, pero promoviendo cambios que preserven márgenes de flexibilidad, discrecionalidad o influencia. Esto genera una tensión importante: las reformas pueden incrementar la legitimidad institucional y responder a demandas ciudadanas, pero sin alterar completamente las relaciones de poder que facilitan ciertas formas de privilegio o acceso diferenciado al Estado. Por eso, la investigación insiste en observar no solo las reglas formales, sino también las prácticas organizacionales y percepciones éticas que moldean el comportamiento cotidiano dentro de la administración pública.
Tras diversos ciclos de reformas post-escándalos en Chile, ¿estas han fortalecido genuinamente la ética pública o han sido herramientas de legitimación política?
La respuesta probablemente está en un punto intermedio. Sería injusto afirmar que las reformas no han tenido efectos positivos. Chile ha avanzado significativamente en transparencia, acceso a la información, profesionalización del servicio público y regulación de ciertas prácticas que antes tenían menos control institucional.
Sin embargo, muchas reformas emergen en contextos de crisis de legitimidad y cumplen una función política de contención de la desconfianza ciudadana. Después de grandes escándalos, los gobiernos suelen impulsar agendas de probidad que permiten reconstruir parcialmente la confianza pública y demostrar capacidad de reacción institucional. El problema es que, en ocasiones, estas reformas tienden a concentrarse más en aspectos procedimentales o normativos que en las condiciones estructurales que favorecen conductas poco éticas. Por ejemplo, la cultura organizacional, los incentivos internos, las desigualdades de acceso al poder o las formas informales de influencia política suelen ser mucho más difíciles de transformar. Por eso, uno de los aportes del libro es enfatizar que la ética pública no depende únicamente de nuevas leyes o sanciones, sino también de factores culturales, organizacionales y políticos que influyen en cómo los funcionarios interpretan dilemas éticos concretos.
Dado el contexto de desafección institucional, ¿cuáles son los "puntos ciegos" que la administración pública chilena aún no resuelve?
Creo que uno de los principales puntos ciegos es asumir que la confianza institucional puede sostenerse únicamente mediante mecanismos técnicos de control o transparencia. Estos instrumentos son fundamentales, pero no suficientes. La ciudadanía también evalúa percepciones de justicia, igualdad de trato, coherencia ética y responsabilidad política. Otro desafío importante es que muchas veces las discusiones sobre corrupción se reducen a casos individuales, cuando en realidad existen dinámicas más amplias relacionadas con concentración de poder, desigualdad y debilidad de ciertas capacidades estatales. La integridad pública no es solamente un problema jurídico; también es un problema organizacional, político y cultural.
La principal lección del libro es que la ética pública debe ser entendida como una dimensión central de la capacidad estatal y de la estabilidad democrática. Cuando las personas perciben que las instituciones funcionan bajo reglas diferenciadas para distintos grupos, la confianza democrática comienza a erosionarse progresivamente. Por ello, fortalecer la integridad pública requiere no solo mejores normas, sino también fortalecer culturas organizacionales, profesionalización del servicio civil, mecanismos efectivos de rendición de cuentas y espacios de formación ética dentro del Estado. La confianza pública es un recurso institucional frágil, y reconstruirla exige coherencia sostenida entre discurso y práctica.
Finalmente, su libro propone un giro metodológico. ¿Por qué es importante el uso de experimentos en este campo?
Un aspecto importante del libro es que busca promover nuevas aproximaciones metodológicas para estudiar la ética pública y la corrupción, particularmente mediante el uso de experimentos de encuesta y diseños experimentales aplicados a la administración pública. Tradicionalmente, gran parte de la investigación sobre corrupción en América Latina se ha concentrado en indicadores de percepción, índices agregados o análisis institucionales.
Si bien estos enfoques han sido muy relevantes, el Element propone complementar esa literatura mediante herramientas experimentales que permitan observar cómo las personas evalúan dilemas éticos, justifican ciertas conductas o reaccionan frente a distintos contextos institucionales. Los experimentos permiten identificar mecanismos causales más precisos sobre cómo se construyen las percepciones de integridad, confianza y legitimidad dentro del sector público. Esto resulta especialmente relevante en contextos donde muchas prácticas problemáticas no son abiertamente ilegales, sino ambiguas o socialmente normalizadas. En ese sentido, el libro también busca contribuir al desarrollo de una agenda metodológica más innovadora para el estudio de la corrupción y la ética pública en América Latina.
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